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Queridos amigos:

Un día cualquiera, las instalaciones de la estación Independencia del subterráneo se llenaron de nafta. El combustible inundó varios pasillos y una sala de bombas. El origen: tanques pinchados en la estación de servicio de la empresa Shell, ubicada en Independencia y 9 de Julio.

Se tomaron algunas medidas de urgencia para evitar la explosión: ventear los gases a la vía pública y desviar el combustible líquido a los cloacales, ambas conductas absolutamente ilegales.

Pasó el tiempo y como el problema no se solucionaba, la empresa Subterráneos de Buenos Aires hizo un juicio a Shell por daños y perjuicios y lo ganó. Shell apeló y volvió a perder, con lo cual quedó la sentencia firme que culpa a Shell por la contaminación y la obliga a remediar la situación mediante el método del cambio de tierra.

Los detalles revelan una increíble negligencia por parte de todos los responsables involucrados:
La estación de servicio está perdiendo nafta hacia el subte desde hace 22 años (¡sí, veintidós años!) sin que a la Municipalidad primero y al Gobierno de la Ciudad después se les ocurriera clausurarla.
Se produjo una explosión y varios peritajes que hablaron de un peligro de desastre inminente. Sin embargo, tampoco los jueces que intervinieron en el caso clausuraron la estación de servicio
Por su parte, Shell argumentó que el combustible que impregnaba el suelo debajo de su estación de servicio no provenía de la estación de servicio sino de alguna otra misteriosa fuente y que ellos no tenían nada que ver con la contaminación.
La sentencia firme es del 1 de octubre de 1999. Es decir, que desde hace dos años que tendrían que haber empezado a trabajar y el comienzo de las obras (y aún su definición técnica) se dilata por inexplicables razones burocráticas. ¿Registraron jueces y funcionarios que se trata de una situación de peligro?
Una gigantesca obra de remediación

Nuestra preocupación es tratar de evitar que la negligencia de estos últimos 22 años se traslade a las obras de remediación ordenadas por el juzgado y todavía no iniciadas. Se trata de obras de una envergadura inédita en el país y sin antecedentes internacionales en una ciudad densamente poblada.

Para cambiar la tierra como ordenaron los jueces, es necesario remover un volumen de tierra de algo así como un hectárea de superficie con una profundidad de 15 a 20 metros. Es aproximadamente el contenido de unos 100 mil camiones cargados con tierra contaminada, que deben retirarse y llevarse para ser tratados como un residuo peligroso. No hay instalaciones para hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires no los admite, de modo que se los deberá enviar a Santa Fe. Hay que diseñar la salida y transporte de esa inmensa cantidad de residuos peligrosos y la recolección y colocación de tierra limpia. Es obvio que no se puede solucionar un problema ambiental generando otro, de manera que habrá que estudiar de qué modo se traen esas cantidades de tierra limpia, sin generar inmensas cavas en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires.

La obra deberá hacerse con grandes precauciones, ya que al levantar el pavimento se corre el riesgo de que el suelo impregnado en combustible evapore parte del hidrocarburo y se formen mezclas explosivas con el aire. Para evitar ese desastre, tendrán que trabajar con extremas precauciones, cerrar en todo o en parte la Avenida 9 de Julio durante el tiempo que dure la obra (tal vez varios años). También habrá que evaluar la necesidad de cerrar ambas líneas de subterráneos (la C y la E) para evitar que una chispa eléctrica haga volar todo.

Esto significa hacer un diagrama de emergencia para todo el sistema de transportes de la zona Sur de la Ciudad, dada la importancia de la 9 de Julio como arteria central de comunicación.

Para complicar aún más las cosas, será necesario prever que mientras dure la obra se desvíen los servicios que pasan por allí. Hay que cambiar de lugar los caños de agua, cloacas y gas y los cables de electricidad, teléfonos y televisión por cable.

Y será necesario un tratamiento especialmente cuidadoso con la Casa de Ejercicios Espirituales, un edificio del siglo XVIIII que está junto a la estación de servicio y que es Monumento Histórico Nacional. Por debajo de la Casa de Ejercicios, el suelo es una gran esponja llena de hidrocarburos.

Ésta es la obra de remediación que hay que hacer, lo no significa necesariamente que sea la que finalmente se haga. Está claro que cuanto menor sea la obra a realizar, menos dinero gastará Shell en ella. Al mismo tiempo, como la obra debe ser aprobada previamente por el juzgado y por el Gobierno de la Ciudad, sucede que si la remediación es inadecuada o insuficiente, la responsabilidad va a recaer sobre quienes aprobaron la obra.

Lamentablemente existen muchos intereses en juego para minimizar esta situación y presentarla ante la opinión pública con una gravedad menor de la que tiene. ¿Está dispuesto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a admitir que no se hizo nada en los 22 años que el combustible chorreó hacia el subterráneo? ¿Aceptaría Shell que se haga pública una conducta negligente suya de esta magnitud? ¿Les gustaría a los jueces que la opinión pública sepa que, ante una situación de peligro inminente, tardaron diez años en resolver el caso y, a dos años de producida la sentencia, todavía no hay resultados concretos?

¿Y esto es un bajo impacto ambiental?

Se me ocurre que hay dos caminos para procurar minimizar este riesgo ambiental ante la opinión pública:

La primera de ellas es procurar que las obras de remediación sean caracterizadas como de bajo impacto ambiental.

Sucede que una obra de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por una evaluación de impacto ambiental, en términos de la Ley 123 de la Ciudad y su modificatoria, la Ley 452. El primer paso es categorizar la obra como de alto o de bajo impacto ambiental. Esto tiene diferentes consecuencias, según la forma en que se la categorice:
Si la obra se declara como de alto impacto ambiental, es necesario convocar a una Audiencia Pública, en la que los expertos y los vecinos puedan analizar las propuestas de remediación. Allí opinarán sobre la conducta de la empresa responsable, del Gobierno de la Ciudad y de los jueces, y su manera de hacerse cargo del problema o eludirlo en los últimos 22 años.
Si en cambio, la obra se declara como de bajo impacto ambiental, nos encontraríamos ante un simple trámite administrativo, con un expediente que se completa sin necesidad de audiencia pública ni quejas de los ciudadanos. Por esta razón, el control ciudadano es mucho menor que en el caso de las obras declaradas como de alto impacto ambiental.
Podemos inferir como probable la existencia de fuertes presiones sobre los funcionarios encargados de realizar dicha caracterización. Espero que, al menos ellos, estén a la altura de la situación y caractericen la obra como lo que es. Es decir, de alto impacto ambiental.

La segunda es, simplemente, eludir el procedimiento legal para la evaluación de impacto ambiental. Es decir, comenzar las obras sin haber efectuado el procedimiento legal correspondiente. Para eso, tendrían que lograr que el Gobierno de la Ciudad autorizara esta obra sin cumplir con los requisitos legales establecidos por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto no es tan inverosímil como parece ya que el Gobierno de la Ciudad ha eludido en más de una oportunidad esta Ley, al no realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de sus propias obras. ¿Sería un exceso de imaginación el pensar que en este caso hay intereses en juego para evitar que dicha evaluación se realice?

En esta entrega les enviamos un estudio de la Dra. María Teresa Mancini sobre los antecedentes de esta situación y el análisis y comentarios de la sentencia judicial correspondiente.

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky
Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires

ESTACIONES DE SERVICIO PINCHADAS

Dra. María Teresa Mancini

En la Ciudad de Buenos Aires existen muchas estaciones de servicio que expenden gasolina, gasoil, y otras que también expenden gas. Estas estaciones están situadas entre medio de edificios, en las esquinas de las manzanas o algunas debajo de las autopistas -contraviniendo normativas de seguridad-, finalmente rodeando a todos los ciudadanos. Y no puede ser de otra forma sobre todo en una urbe tan desarrollada como ésta, donde las estaciones de servicio ya no solo expenden combustible sino que además dan otros servicios como ser un bar o un lavadero de autos. Sin embargo, nadie puede decir que no significan un riesgo, ya que lo que se manipula en las mismas es de extrema calidad explosiva, y así lo advierte ese mismo público que consume los servicios de una estación. No hay dudas de que es preferible vivir lejos de una estación que cerca; para comprobarlo, basta con observar el mercado inmobiliario.

Se dice que la tecnología actual las ha vuelto “seguras” y es así, en tanto cumplan con una serie de requisitos para poder ser habilitadas y luego para poder funcionar correctamente.

El Estado y en el caso a presentar, el Gobierno de la Ciudad, tiene la obligación de controlar que estas estaciones cumplan con requisitos mínimos de seguridad, ya que tiene el deber y todas las facultades, pero sobre todo el deber, de defender la seguridad de los ciudadanos, que no es más que la Seguridad Pública.

Cuando estos establecimientos no son bien trabajados y mas aún si no son bien controlados, pueden convertirse, como mencionamos, en una bomba de tiempo esperando un poco mas de apatía y dejadez, para poder explotar.

El objetivo de este trabajo es presentar, un caso que ya ha dado mucho que hablar en la justicia bajo los autos “SUBTERRÁNEOS SOCIEDAD DEL ESTADO Vs. PROPIETARIO DE ESTACIÓN SE SERVICIO SHELL CALLE LIMA Y OTROS, sobre daños y perjuicios”, y esperamos que luego del breve relato, tomemos conciencia de que, a esta bomba de tiempo le falta poco para estallar, si no se toman medidas urgentes por parte de los responsables de dicha situación.

LOS HECHOS

En 1979, en la Estación Independencia de la Línea de Subterráneos “E”, se produce una explosión que daña a un operario de la empresa. Esta explosión fue a causa de gran cantidad de hidrocarburos que se filtran en una sala de bombeo de agua que existía en la estación.
Así pues lo que sucedió fue una deflagración de hidrocarburos a la estación, esto se dio principalmente en andenes y en un pasillo que comunicaba a dicha estación con la otra estación de la línea “C”[i].
El motivo de este hecho: pérdidas en los tanques contenedores de hidrocarburos que se encontraban en la Estación de Servicio Shell, del otro lado de la Av. 9 de Julio entre las calles Lima e Independencia.
La Superintendencia de Bomberos, que luego de este hecho realizara una inspección, determinó que: 1) como consecuencia del deterioro de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos de propiedad de la estación de servicio sita en Lima 835, de la Capital Federal, 2) el combustible fluyó a través de la tierra, 3) hasta hacer su aparición en la cámara de captación de aguas servidas de la sala de bombeo de la Línea E de subte, sobrenadando la superficie del espejo de agua.
La estación Lima se encuentra a unos quince (15) metros de profundidad, y como mencionáramos del otro lado de la Av. 9 de Julio, con lo cual si el hidrocarburo llegó a manera de “cascadita” hasta la estación no fue sólo por una simple filtración de unos días. Esto denotaba ser algo mucho más grave. Además debemos tener en cuenta que la estación subterránea se encuentra en la pendiente de la napa la que fue impulsando el combustible desde la estación de servicio hasta la estación Independencia.
Las dimensiones de la pluma contaminante, están estimadas en:
- 180 metros de ancho por 150 de largo.20 metros de profundidad.
La Estación, se inundó de olor a combustibles principalmente en el pasillo y la sala de bombeo y esta última no solo de olor, sino también de hidrocarburos. Tanto es así que la empresa Shell ante el reclamo de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires y la situación, coloca en la sala de bombeo dos nuevas bombas extractoras de gases[ii] y dos antidetonantes, respondiendo como responsable ante el reclamo ya que no quedaba duda de que la pluma tenía origen en su estación[iii], firmándose un Acta de Constatación y Acuerdo-Compromiso entre Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) Estación Independencia y Shell C.A.P.S.A., a fin de cumplir con lo propuesto.
En 1981 una inspección de bomberos determina, nuevamente, que los tanques estaban perdiendo, que el hidrocarburo se filtraba siguiendo el sentido de la napa hacia la estación de subterráneos y que esto producía un elevado nivel de acumulación de gases, sobretodo en determinados sectores de la misma.
En los años 1982 y 1986 la empresa Shell retiró las bombas extractoras de gases, ya que estimaba que no existían gases contaminantes pero en ambas ocasiones se debieron volver a colocar las bombas a menos de 48 hs. de retirarlas ya que los gases aumentaron, aumentando así el nivel de riesgo de que se produzcan nuevamente hechos dañosos.

A pesar de que queda claro de que existía un daño y de que el mismo no era dable de ignorar, no hubo por parte de la Empresa Shell, ninguna medida de intento de recomposición o reparación, solo las bombas extractoras de gases y los antidetonantes instalados por la misma. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (entonces Municipalidad), es el gran ausente en este relato y aunque no se podía ignorar que una gran esponja cargada de hidrocarburos pesaba sobre la cabeza del subterráneo y de todos aquellos que lo utilizaban, peligrando así la seguridad pública, simplemente NO tomó medida alguna.

En septiembre del año 1986, la Dirección General Preventiva de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, en una inspección determinó que los tanques de la Estación Shell, tenían filtraciones, que se encontraban deteriorados y que existía real riesgo de explosión. Sin embargo y a pesar de todo esto la Estación de Servicio y la de Subterráneos siguió funcionando.
Otro informe en 1987 determinó nuevamente el grado de riesgo, que representaba esa contaminación estimando que existía riesgo de explosión, si no se tomaban inminentes medidas al respecto.
La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación realizó otras inspecciones y en una de ellas encontró los valores mas elevados de concentración de gases, en la estación y fue en lugares cercanos a las escaleras que conducían a los diferentes andenes las que hoy se encuentran clausuradas al público.

LA DEMANDA

En el año 1991, la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. presenta una demanda contra el propietario de la estación de servicio, la Empresa Shell, por los daños y perjuicios causados, en razón de los hechos sucedidos en la Estación Independencia de la línea “E”, de subterráneos. Se reclamó una indemnización por daños individuales en las personas y cosas, como también por el daño supraindividual y se reclamó el cese definitivo de la contaminación ambiental, olores y peligros por emanaciones y filtraciones de combustibles. O sea, la remediación del medio ambiente.
La demanda es de carácter Civil, ya que se presenta primero como un conflicto entre particulares, en cuanto la accionante Subterráneos de Buenos Aires S.E. se vio dañada por las filtraciones de hidrocarburos provenientes de la Estación Shell. Invocó el artículo 1113 del Código Civil, que en su primer párrafo reza “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren… o por las cosas de que se sirve…”, en el 2º párrafo “En los supuestos de daños causados por las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.”, este artículo se refiere a la responsabilidad objetiva, al entender que el daño es causado por una cosa (el hidrocarburo), que por otro lado tiene la particularidad de ser riesgosa.
Que además el hecho excedió el criterio de la normal tolerancia art. 2618 C. Cv. descrito por el código de la siguiente manera (1º párrafo) “Las molestias que ocasionen el humo, calor” … “o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia tendiendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquellas.”, dejando ver a las claras que la estación abusó de su derecho a ejercer su industria en cuanto a que no toma los recaudos mínimos para evitar causar un daño, el art. 1071 C.Cv. “El ejercicio regular de un derecho… no puede constituir como ilícito ningún acto. La Ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella que tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.”, más aún si se considera que se está trabajando con sustancias peligrosas.
En cuanto a la Autorización Administrativa que menciona el Artículo 2618 del C. Cv. “...y aunque mediare autorización administrativa para aquellas.”, debemos entender, por la letra de dicho artículo, que la misma deviene en irrelevante ante el hecho dañoso, ya que lo que es cierto es que estamos ante una situación que excede la normal tolerancia tenida en cuenta al momento de habilitar esta estación de servicio y todas las existentes hoy. Asimismo, estas deben observar un plus de cuidado en cuanto a que su actividad es riesgosa y se encuentra al límite permanente de exceder la normal tolerancia. Además y aunque la autoridad administrativa de una autorización para dicha actividad, el Gobierno tiene entre sus obligaciones primarias el deber de aplicar un plus de control, teniendo en mira que es una actividad riesgosa.
El encuadre Legal de esta demanda, como observamos, se basa en el daño causado por la actividad riesgosa, llevada adelante por la Estación de Servicio, pero además existen Tratados Internacionales que protegen los bienes dañados por dicha actividad, como ser el Pacto de San José de Costa Rica (hoy ley 23.054), la Convención de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo y aquellos tratados cuyo Bien Jurídico Protegido es la Salud.
Esta exposición de la demanda fue claramente probada por los hechos sucedidos previo a ella, sin embargo la empresa Shell C.A.P.S.A. , negó su responsabilidad (sí, luego de todo lo que se relató anteriormente), echándole la culpa entre otros al sistema cloaca de nuestra Ciudad, a una gomería vecina, que no son un jardín florido, pero jamás podría haber sido los culpables de este hecho dañoso, agregándole a este hecho que la empresa Shell, jamás pudo probar, ni discutir seriamente, que esto fuera así.
La demanda fue ganada por Subterráneos de Buenos Aires, luego de prácticamente diez años de luchar (y digo luchar ya que los argumentos de la demandada, como se relató, fueron un poco mas que una burla), con una empresa dispuesta a todo a fin de no responder ante la demanda claramente planteada.
Por otra parte el tribunal de 2ª instancia, determinó que existe un Orden Público Ambiental indisponible, inalienable, en el que se encuentran involucrados derechos y garantías biológicas y sociales. Aquí entran a jugar un sinfín de factores normativos que van desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, tratados internacionales referentes a los derechos humanos y aquellos que además protegen el ambiente, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, leyes de fondo y aquellas que localmente marcan reglas sociales que tienen por fin lograr respeto mutuo, meta de toda comunidad civilizada.

A pesar que tenemos a dos actores claramente definidos y que juegan en dicha demanda un papel lógico e irremplazable, hace falta agregar un integrante y es la comunidad en su conjunto, ya que el hecho agraviante excedió el límite de un conflicto entre particulares desde un principio. Así pues somos todos afectados y el remediar lo solicitado por Subterráneos, sería remediar nuestro agravio.

LA SENTENCIA

Se falló a favor de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E., en cuanto a que la empresa Shell CAPSA, es responsable por la contaminación causada en la Estación de la Línea “E”.
Se condena “a la reparación o recomposición del ambiente mediante el sistema de cambio de tierra” en lo que hace al tramo que media entre la estación de servicio ubicada en la calle Lima y la estación Independencia de la línea E, todo ello con la intervención del perito de oficio y los consultores técnicos de las partes, durante el procedimiento de ejecución de sentencia.
La reparación mencionada, representa una obra de inigualable envergadura, mas aún si tenemos en cuenta que el recambio de tierra significa sacar toneladas de residuos peligrosos, que deberán ser transportados fuera de la Ciudad de Buenos Aires para ser tratados. Por otro lado consideremos que esta obra mermará la capacidad de transito de la Av. 9 de Julio y de las calles Independencia y Estados Unidos. Al considerar que la profundidad de las excavaciones no será menor a los 15 metros, hay que considerar que las conexiones de agua corriente, gas, electricidad, teléfonos, cloacas, desagües y hasta las mismas líneas de Subterráneos se verán afectadas.
Por otro lado hay que pensar que la obra durará un tiempo prolongado. Lo cierto es que no importa cuánto dure se debe hacer bien, porque de lo contrario el problema será eterno y de cada vez más difícil solución. “Esta obra mal hecha es peor que si no se hiciera nada”.
La sala “H” de la Cámara Civil, dijo: “La solución por la reparación o recomposición del daño ambiental desborda el marco bilateral del proceso, puesto que al dar respuesta a lo peticionado, se hará lo propio con la comunidad”.

El Gobierno de la Ciudad estuvo ausente durante todo este tiempo y si sacamos cuentas son veintidós (22) años de ausencia, que no ha derivado en catástrofe solo por milagro. No se ha visto intervención ni en el control previo al hecho dañoso (con lo cual podríamos hablar de algo mas de 22 años), ni luego, ya que hasta el día de la fecha su participación a sido tibia, aún luego de que la Cámara determinada claramente que el caso en cuestión excede de manera relevante, el marco bilateral de los involucrados en la causa.

Ahora bien queda claro que tenemos dos responsables, la empresa Shell que ya ha sido sentenciada y el Gobierno de la Ciudad cuya responsabilidad hemos plasmado y que si además miramos nuestra Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, no escatiman en palabras al momento de determinar lo fundamental de la protección de derechos y garantías mínimas para los Ciudadanos, así pues el Art. 41 determina de manera redundante, al momento de hablar de el derecho a un medio ambiente sano, que “Las Autoridades proveerán la protección de este derecho”, y digo redundante ya que quién sino ellas deben respetar estos principios.

Hoy el Gobierno de la Ciudad tiene un compromiso fundamental con los ciudadanos, y es llevar adelante las tareas de control sobre las obras determinadas en la sentencia, ya que si bien la condenada tiene la obligación de cumplir con lo sentenciado de la debida manera, el Estado juega un papel fundamental. Así lo dispone el Artículo 41 de la Constitución Nacional, como mencionáramos precedentemente, en cuanto a que, “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado... El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho...”, entonces queda claro que cualquier acción que no tienda al correcto cumplimiento de la sentencia, tanto de el particular Shell como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá ser tachado de contraria a la Constitución Nacional.

Solo debemos esperar que la sentencia empiece a ser cumplida a la brevedad, y este cumplimiento debe ser contundente y con control de un cuerpo colegiado y multidisciplinario que lleve adelante una verificación externa de las obras de recambio de tierra.