1. Apruébase el Código de Etica de la función pública, aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, el que como anexo integra el presente acto.

2. Facúltase a la Oficina Nacional de Etica Pública a aprobar los instrumentos necesarios para la aplicaciones del Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras previsto en el Capítulo IV del Código de Etica de la función pública, y a establecer un cronograma para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios obligados de cada jurisdicción o entidad.

3. El régimen de requerimientos de justificación de incrementos patrimoniales, establecido en el Capítulo III del decreto 494 del 5 de abril de 1995, mantendrá su vigencia hasta tanto se dicte el régimen pertinente que lo sustituya, a propuesta del Ministerio de Justicia, con intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación.

4. Dispónese que las Oficinas de personal, recursos humanos o equivalentes den la más amplia difusión al Código

5. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

1. Bien común. El fin de la función pública es el bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y las normas destinadas a su regulación. El funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.

2. Función pública. A los efectos del presente Código, se entiende por "función pública" toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cual quiera de sus niveles jerárquicos.

3. Funcionario público. A los efectos del presente Código, se entiende por "funcionario público" cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluídos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. A tales efectos, los términos "funcionarios", "servidos", "agente", "oficial" o " empleado" se consideran sinónimos

4. Ambito de aplicación. Este Código rige para los funcionarios públicos de todos los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, así como también de las comisiones nacionales y los entes de regulación de servicios públicos.

5. Interpretación. La Oficina Nacional de Etica Pública es el órgano facultado para dictar las normas interpretativas y aclaratorias del presente Código. Los dictámenes e instrucciones escritas emitidos por la Oficina Nacional de Etica Pública son obligatorios para quienes los hubieran requerido o fueran sus destinatarios.

El funcionario que ajuste su conducta a tales dictámenes o instrucciones queda exento de responsabilidad ética y de sanción administrativo-disciplinaria, salvo los casos en que hubiera violación evidente de la ley.

6 Compromiso. El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del

presente Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento

7 Consultas. En aquellos casos en los cuales objetiva y razonablemente se genera una situación de incertidumbre con relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, el funcionario público debe consultar a la Oficina Nacional de Etica Pública.

8. Probidad. El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. También está obligado a exteriorizar su conducta honesta.

9. Prudencia. El funcionario público debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

10. Justicia. El funcionario público debe tener permanente disposiciones para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno los que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores y subordinados.

11. Templanza. El funcionario público debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. Asimismo, debe evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

12. Idoneidad. La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.

13. Responsabilidad. El funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código.

14. Aptitud. Quien disponga la designación de un funcionario público debe verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a comprobar su idoneidad. Ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud.

15. Capacitación. El funcionario público debe capacitarse para el mejor desempeño de las funciones a su cargo, según lo determinan las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes.

16. Legalidad. El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los reglamento que regulan su actividad. Deber observar en todo momento un comportamiento tal que, examina su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche.

17. Evaluación. El funcionario público deber evaluar los antecedentes, motivos y consecuencias de los actos cuya generación o ejecución tuviera a su cargo.

18. Veracidad. El funcionario público está obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los particulares como con sus superiores y subordinados, y a contribuir al esclarecimiento de la verdad.

19. Discreción. El funcionario público deber guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa.

20. Transparencia. El funcionario público deber ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la administración.

21. Declaración jurada patrimonial y financiera. El funcionario público debe presentar ante la Oficina Nacional de Etica Pública una declaración jurada de su situación patrimonial y financiera, conforme surge del capítulo IV de la Parte Especial, Régimen de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y Financieras.

El control y seguimiento de la situación patrimonial y financiera de los funcionarios públicos y la reglamentación del régimen de presentación de las declaraciones juradas estarán a cargo de la Oficina Nacional de Etica Pública.

22. Obediencia. El funcionario público debe dar cumplimiento a las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

23. Independencia de criterio. El funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones.

24. Equidad. El empleo de criterios de equidad para adecuar la solución legal a un resultado más justo nunca deber se ejecutado en contra de los fines perseguidos por las leyes.

25. Igualdad de trato. El funcionario público no debe realizar actos discriminatorios en su relación con el público o con los demás agentes de la administración. Deber otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para establecer una prelación. Este principio se aplica también a las relaciones que el funcionario mantenga con sus subordinados.

26. Ejercicio adecuado del cargo. El ejercicio adecuado del cargo involucra el cumplimiento personal del presente Código, así como las acciones encaminada a la observancia por sus subordinados.

El funcionario público, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener no procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros.

Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra funcionarios y otras personas, que no emane del estricto ejercicio del cargo.

27. Uso adecuado de los bienes del estado. El funcionario público debe proteger y conservar los bienes del estado. Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

Tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. No se consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares, el funcionario deba llevar a cabo fuera del lugar y horario en los cuales desarrolla sus funciones.

28. Uso adecuado del tiempo de trabajo. El funcionario público debe usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres. Debe desempeñar sus funciones de una manera eficiente y eficaz y velar para que sus subordinados actúen de la misma manera. No debe fomentar, exigir o solicitar a sus subordinados que empleen el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.

29. Colaboración. Ante situaciones extraordinarias, el funcionario público deber realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

30. Uso de información. El funcionario público debe abstenerse de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes. No debe utilizar, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público en general.

31. Obligación de denunciar. El funcionario público debe denunciar ante su superior o las autoridades correspondientes, los actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquiera de las deposiciones contenidas en el presente Código.

32. Dignidad y decoro. El funcionario público debe observar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con el público y con los demás funcionarios, debe conducirse en todo momento con respeto y corrección.

33. Honor. El funcionario público al que se le impute la comisión de un delito de acción pública, debe facilitar la investigación e implementar las medidas administrativas y judiciales necesarias para esclarecer la situación a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo. Podrá contar con el patrocinio gratuito del servicio jurídico oficial correspondiente.

34. Tolerancia. El funcionario público debe observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.

36. Beneficios prohibidos. El funcionario público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas y otras ventajas en las siguientes situaciones:

a) para hacer, retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones;

b) para hacer valer su influencia ante otro funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus funciones;

c) cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempeñara ese cargo o función.

37. Presunciones. Se presume especialmente que el beneficio esta prohibido si proviene de una persona o entidad que:

a) lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario;

b) gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario;

c) sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la Administración Pública Nacional;

d) procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario;

e) tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la decisión, acción, retardo y omisión del órgano o entidad en el que se desempeña el funcionario.

38. Excepciones. Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 36 inciso c):

a) los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la ley o la costumbre oficial admitan esos beneficios;

b) los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o actividades académico-culturales, o la participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible con las funciones del cargo o prohibido por normas especiales.

c) los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la recta voluntad del funcionario.

La autoridad de aplicación determinará los supuesto en que corresponde el registro e incorporación al patrimonio del Estado de los beneficios recibidos en las condiciones del inciso a) los que, según su naturaleza, se destinarán a fines de salud, acción social, educación o al patrimonio histórico cultural.

39. Beneficios prohibidos. El funcionario público no debe, directa o indirectamente, otorgar ni solicitar regalos, beneficios, promesas y otras ventajas a otros funcionarios.

40. Exclusión. Quedan excluidos de la prohibición establecida en el artículo precedente, los regalos de menor cuantía que se realicen por razones de amistad o relaciones personales con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos.

41. Conflicto de intereses. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerado o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios y obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones.

42. Excusación. El funcionario público debe excusarse en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses.

43. Nepotismo o favoritismo. El funcionario público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado.

44. Acumulación de cargos. El funcionario que desempeñe un cargo en la Administración Pública Nacional no debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los regímenes especiales.

45. Presentación de declaración jurada de actividades. El funcionario público debe declarar los cargos y funciones, públicos y privados, ejercidos durante el año anterior a la fecha de ingreso y los que desempeñe posteriormente.

46. Período de carencia. El funcionario público no debe, durante su empleo y hasta un (1) año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Público Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado.

47. Sanciones. La violación de lo establecido en el presente Código hace pasibles a los funcionarios públicos de la aplicación de las sanciones previstas en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la ley 22140, o en el régimen que le sea aplicable en virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales establecidas en las leyes.

48. Procedimiento. En caso de violaciones al presente Código, los responsables de cada jurisdicción o entidad, de oficio o a requerimiento de la Oficina Nacional de Etica Pública, debe instruir sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para deslindar las responsabilidades que en cada caso correspondan, con intervención de los servicios jurídicos respectivos.

49. Registro. Las resoluciones firmes recaídas en los sumarios sustanciados con motivo de las transgresiones a este Código deben ser comunicadas a la Oficina Nacional de Etica Pública, la que deberá llevar un registro actualizado de ellas.

50. Publicidad. El contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras tendrá carácter público y podrá ser consultado, en la Oficina Nacional de Etica Pública, mediante la presentación por escrito de una solicitud indicando:

a) nombre, tipo y número de documento, profesión y domicilio del consultante;

b) en su caso, nombre y domicilio de la entidad en cuya representación se realiza la consulta;

c) interés que motiva la consulta;

d) que se notifica de las limitaciones que existen para la obtención y utilización del contendio de la declaración jurada patrimonial y financiera.

La Oficina Nacional de Etica Pública podrá disponer la publicación en el Boletín Oficial de la información sobre el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial y financiera de los obligados. Dicha información también podrá ser difundida mediante la administración de una página propia en Internet.

51. Limitaciones. La información obtenida de la declaración jurada patrimonial y financiera no podrá ser utilizada para:

a) propósitos ilegales;

b) fines lucrativos, de especulación o exclusivamente comerciales;

c) determinar el nivel de crédito de una persona;

d) obtener dinero u otros beneficios con fines políticos, en forma directa o indirecta.

52. Comunicación al funcionario. La Oficina Nacional de Etica Pública deberá poner en conocimiento del funcionario declarante que se ha entregado información correspondiente a su declaración jurada, indicando los datos del interesado que la haya solicitado.

53. Sujetos comprendidos. Están comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial y financiera los siguientes funcionarios:

a) Presidente y Vicepresidente de la Nación;

b) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Secretarios y Subsecretarios;

c) Autoridades superiores de los organismos descentralizados, cualquier sea su naturaleza jurídica, comprendidos dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 4;

d) Interventores federales y funcionarios que designen con nivel no inferior a director o equivalente;

e) Funcionarios con categoría o función no inferior a Director, Gerente o niveles equivalentes, de carácter permanente o transitorio, y titulares de cargos con funciones ejecutivas en todos sus niveles, de la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 4;

f) Representantes del Estado Nacional en entidades interjurisdiccionales e internacionales;

g) Funcionarios de las categorías A, B y C del cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, Embajadores Políticos y funcionarios de otros organismos de la Administración Pública Nacional que presten servicios en el exterior;

h) Titulares de Unidades Ejecutoras de proyectos financiados total o parcialmente por organismos internacionales de crédito y coordinadores de programas;

i) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario Federal con jerarquía de oficial superior o equivalente;

j) Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección Nacional de Migraciones con nivel no inferior a Jefe de Departamento o equivalente y quienes cumplan funciones de control;

k) Interventores o liquidadores de organismos pertenecientes o administrados por el Estado Nacional;

l) Rectores, decanos, secretarios de Universidades y Facultades Nacionales;

m) Miembros de los organismos administrativos con funciones jurisdiccionales;

n) Asesores de Gabinete;

ñ) Funcionarios que intervengan en la gestión de fondos públicos; administren patrimonios públicos o privados por decisión de la Administración Pública Nacional; integren comisiones de adjudicación en procesos licitatorios; sean responsables de la compra o recepción de bienes o de otorgar habilitaciones o autorizaciones.

54. Contenido. Las declaraciones juradas patrimoniales y financieras contendrán una nómina, detallada y completa, de los bienes, créditos, deudas e ingresos del declarante, su cónyuge e hijos menores no emancipados, con especial individualización de los que se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles, radicados en el país o en el extranjero, y las mejoras realizadas, con indicación de su valor fiscal, fecha de adquisición y origen de los fondos.

b) Bienes muebles registrables, radicados en el país o en el extranjero.

c) Otros bienes muebles como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes, cuyo valor sea superior a cinco mil pesos ($ 5000) en forma individual o a veinte mil pesos ($ 20000) en su conjunto.

d) Inversiones en títulos, acciones y valores, cotizables en Bolsa o no; participación en explotaciones personales o en sociedades, con indicación del valor, fecha de adquisición y origen de los fondos.

e) Depósitos en bancos y otras entidades financieras en el país o en el extranjero.

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias y comunes.

g) Dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera.

h) Funciones desempeñadas en carácter de fideicomisario, mandatario, gestor o consultor de cualquier tipo de sociedad u organización, con o sin fines de lucro.

j) Fuente, tipo y monto de los ingresos y egresos derivados del trabajo en relación de dependencia, de la prestación de servicios para terceros sin relación de dependencia o del ejercicio de otras actividades o funciones independientes.

j) Ingresos derivados de rentas y sistemas previsionales.

55. Oportunidad y carácter de la presentación. El funcionario comprendido en el presente régimen deberá entregar la declaración jurada patrimonial y financiera en dos ejemplares idénticos, en sobres cerrados de un mismo tenor, ante la oficina de personal, administración o recursos humanos de la respectiva jurisdicción y organismo, dentro de los diez (10) días siguientes a la asunción del cargo o notificación del acto mediante el cual se produjo su designación, promoción o asignación de funciones, y al cese de su función.

La Oficina Nacional de Etica Pública podrá otorgar prórroga para la entrega de la declaración jurada patrimonial y financiera, cuando razones fundadas así lo justifiquen, la que no podrá exceder el plazo de treinta (30) días.

56. Renovación. Las declaraciones juradas patrimoniales y financieras deberán ser renovadas anualmente, en las fechas que determine la Oficina Nacional de Etica Pública para cada jurisdicción y organismo.

57. Términos de la presentación. La Oficina Nacional de Etica Pública será responsable de hacer conocer a los obligados los términos dentro de los cuales deberán dar cumplimiento a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras, así como sus alcances, cuando fuere solicitado.

58. Recibo provisorio. La oficina de personal, administración o recursos humanos de cada jurisdicción u organismo extenderá al funcionario declarante un recibo provisorio, al momento de la efectiva presentación de la declaración jurada patrimonial y financiera. Asimismo, esta dependencia será responsable de llevar un registro de los funcionarios obligados a la presentación, en el cual deberá dejar constancia del cumplimiento.

59. Plazo de remisión. Uno de los ejemplares de la declaración jurada patrimonial y financiera presentada por el funcionario obligado, deberá ser remitido por la dependencia respectiva, en sobre cerrado, a la Oficina Nacional de Etica Pública, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para su presentación. El otro ejemplar será emitido a la Escribanía General de Gobierno de la Nación a los efectos de su conservación y custodia, de acuerdo con lo previsto por la ley 21890.

60. Constancias de presentación. La remisión de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras por parte de las respectivas dependencias a la Oficina Nacional del Etica Pública, deberá ser acompañada por un detalle en el que se dejará constancia de los funcionarios que hubieran presentado o no dicha declaración una vez vencido el plazo de intimación previsto en el artículo siguiente.

61. Intimación. Vencido el plazo de presentación de la declaración jurada patrimonial y financiera sin que ésta se hubiera efectivizado, la respectiva oficina de personal, administración o recursos humanos deberá intimar al responsable para que, dentro de los cinco (5) días siguientes, proceda a su cumplimiento. Dicha circunstancia deberá ser notificada a la Oficina Nacional de Etica Pública.

La falta de presentación de la declaración jurada patrimonial y financiera una vez vencido el plazo indicado en el párrafo precedente, será considerada falta grave de acuerdo con lo establecido en los respectivos regímenes.

La Oficina Nacional de Etica Pública deberá notificar el incumplimiento del funcionario a la máxima autoridad de la cual aquél dependa, a fin de que se disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales a través de las respectivas actuaciones sumariales a través de la Procuración del Tesoro de la Nación o del servicio jurídico correspondiente.

62. Apertura del sobre y recibo definitivo. La Oficina Nacional de Etica Pública procederá a la apertura del sobre y a controlar que la declaración jurada patrimonial y financiera se encuentre debidamente confeccionada y completada, extendiendo el recibo definitivo en caso de que así fuera.

Cuando se detecten errores u omisiones, deberá requerirse al funcionario declarante que salve el error u omisión en que hubiera incurrido dentro del plazo de cinco (5) días. El cumplimiento por parte del requerido será considerado falta grave.

El recibo definitivo emitido por la Oficina Nacional del Etica Pública será remitido a los funcionarios, por intermedio de la oficina de personal, administración o recursos humanos de la respectiva jurisdicción u organismo al que pertenezca.

63. Carácter del recibo definitivo. El recibo que extienda la Oficina Nacional de Etica Pública no implicará pronunciamiento alguno acerca de los datos consignados en la declaración jurada patrimonial y financiera.

64. Control y seguimiento. La Oficina Nacional de Etica Pública podrá efectuar todos los controles necesarios y solicitar al funcionario declarante las aclaraciones que considere pertinentes.

En este último supuesto, le otorgará un plazo no mayor a cinco (5) días para que proceda a brindar las explicaciones o aclaraciones requeridas.

En caso de considerar insatisfactorias o insuficientes las aclaraciones brindadas o cuando de las verificaciones realizadas surgieran irregularidades, la Oficina Nacional de Etica Pública, con el respectivo dictamen, deberá remitir lo actuado a la máxima autoridad de quien dependa el funcionario, la que deberá disponer la instrucción de las pertinentes actuaciones sumariales a través de la Procuración del Tesoro de la Nación o del servicio jurídico respectivo. La resolución que se dicte en el respectivo sumario, una vez firme, deberá ser comunicada a la Oficina Nacional de Etica Pública.

En caso de tratarse de autoridades sujetas al procedimiento del juicio político establecido por los artículos 53 y 60 de la Constitución Nacional, la Oficina Nacional de Etica Pública procederá a poner tal circunstancia en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional y de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

65. Plazo de guarda. Las declaraciones juradas patrimoniales y financieras deberá ser conservadas por la Escribanía General de Gobierno de la Nación y la Oficina Nacional de Etica Pública, por el término de diez (10) años contados a partir del cese en las funciones del respectivo funcionario, o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que lo involucren.

66. Requerimiento de la declaración. La declaración jurada patrimonial y financiera original o el sobre cerrado que la contenga, sólo podrán ser entregados por la Oficina Nacional de Etica Pública o la Escribanía General de Gobierno de la Nación, en los términos y condiciones que establezcan las leyes de la Nación o en los siguientes supuestos:

a) Cuando se instruya sumario administrativo y por solicitud de la Procuración del Tesoro de la Nación.

b) A solicitud del Síndico General de la Nación, en el marco de las atribuciones que le acuerda la ley 24156.

c) A solicitud del Procurador General de la Nación en el ámbito de su competencia.

d) A requerimiento del Juez competente.

En todos los casos, la declaración jurada patrimonial y financiera o el sobre que la contenga, según sea la dependencia requerida, deberán entregarse bajo recibo.

67. Validez de todos los regímenes. Lo dispuesto en el presente Código no impide la aplicación de otros regímenes vigentes.

68. Plazos. A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en el presente Código, sólo se considerarán los días hábiles administrativos.