Cuando un gobernador hace pública su intención de ser candidato a la presidencia de la Nación, cabe analizar con cuidado los aspectos principales de su gestión como primer mandatario provincial, pues ellos conforman el antecedente sobre el cual será posible conjeturar cómo sería su eventual desempeño al frente del gobierno nacional.
El doctor Néstor Kirchner es gobernador de Santa Cruz desde hace más de diez años; en ese lapso, la Constitución provincial fue reformada en 1994 y en 1998, y en ambas oportunidades se modificó la cláusula que regula la sucesión del Poder Ejecutivo a fin de habilitar a su titular para sucesivas reelecciones.
El funcionamiento de una sociedad democrática requiere como condición necesaria la garantía de que la ciudadanía pueda elegir sin condicionamientos a sus mandatarios. Atenta contra este presupuesto determinante la estructura de una economía como la de Santa Cruz, donde la mayoría o una parte significativa de la sociedad recibe ingresos del sector público, situación que genera una marcada dependencia en el comportamiento de los actores sociales hacia el poder estatal.
El modelo imperante en la provincia de Santa Cruz revela que en ella se aplica un proyecto político hegemónico, caracterizado por la ausencia de control de los actos de gobierno y por una abusiva concentración de poder en la figura del gobernador. Así, el Poder Judicial depende del partido gobernante, los recursos del Estado son objeto de un manejo discrecional y la mayoría de los medios de comunicación está subordinada al gobierno mediante una manipulación evidente de la publicidad oficial.
En esas condiciones, la competencia política queda prácticamente anulada, ya que a las restantes fuerzas partidarias se les torna muy dificultoso hacer conocer su pensamiento por la radio y la televisión, férreamente controladas por el gobierno provincial. A la vez, las atribuciones municipales se ven coartadas por la centralización de la obra pública en el ámbito del Ejecutivo.
De todas estas anomalías, quizá la más grave institucionalmente sea el comportamiento adoptado en relación con el Poder Judicial. En 1995, lograda su primera reelección, el gobernador Kirchner logró que aumentara de tres a cinco el número de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Las vacantes así creadas se cubrieron con personas identificadas por lazos ideológicos con el partido gobernante, o por lazos de parentesco con algunos de sus dirigentes. Dispuso, además -violando la garantía de inamovilidad de los magistrados y el principio de la independencia de la Justicia-, la ilegítima remoción del procurador general, cabeza del Ministerio Público. Recientemente, la Corte Suprema de la Nación, luego de un largo proceso judicial, dispuso la inmediata reincorporación de ese funcionario en su cargo, sin que exista hasta ahora la certeza de que la orden será acatada. En el caso de que la decisión de la Corte fuera desconocida, se configuraría un inadmisible alzamiento institucional, de gravísimas implicancias.
La existencia de actos notorios de menoscabo de la administración de justicia se ha traducido en comportamientos de algunos funcionarios provinciales que rozan lo delictivo, pero los tribunales de Santa Cruz no se han preocupado por investigar tales hechos.
Entre esos actos sospechosos se cuenta el quebranto cercano a los 160 millones de dólares del ex banco de la Provincia de Santa Cruz, imputable al sistemático otorgamiento de préstamos sin avales suficientes y a autorizaciones para girar en descubierto otorgadas sin que se haya analizado la solvencia de los beneficiarios. También habría que mencionar el uso abusivo del avión sanitario de la provincia para asuntos particulares del doctor Kirchner y su esposa o con fines políticos de interés personal, como ocurrió durante el reciente tratamiento en el Congreso de la derogación de la ley de subversión económica. Asimismo, correspondería referirse a los manejos irregulares de subsidios para la compra de pasajes aéreos con fines electorales, así como a ciertas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por parte de un importante funcionario de la Municipalidad de Río Gallegos.
Semejante acumulación de actos contrarios a elementales principios del ejercicio democrático debe hacer reflexionar sobre las consecuencias que podría acarrear el acceso del actual primer mandatario de Santa Cruz a encumbradas responsabilidades en el gobierno de la República. Debe, asimismo, alertarse sobre la falta de correspondencia entre muchas de las soluciones postuladas ampulosamente por el doctor Kirchner para el gobierno nacional y lo que deje como enseñanza su dudoso desempeño de una década al frente de la administración de su provincia.

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