Texto del dictamen de la Comisión de Juicio Político al Gobernador Montiel 
En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a doce días del mes de abril de dos mil dos, se reúnen en la Sala de Comisiones los señores miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados, con la presencia de: su presidente, Pedro Guillermo Guastavino, y los diputados, Hernán Daniel Burna, Emilio Aroldo Castrillón, Adolfo Aníbal Lafourcade, Santiago Carlos Reggiardo, Raúl Patricio Solanas y Raúl Abrahan Taleb, para producir el informe y expresar su dictamen en las actuaciones caratuladas: Juicio Político al Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Sergio Montiel, autor ciudadanos FRENAPO, Expediente N° 12801; Juicio Político al Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Sergio Montiel, autor S.S. Casaretto, Expediente N° 12802; y Juicio Político al Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Sergio Montiel, autor Dra. Sara Liponezky de Amavet, Expediente N° 12803. 
Estando ausentes los diputados Alvaro Alejandro Guiffrey, Marcelo Maidana, Rubén E. Maín, y Ricardo Antonio Troncoso. 
Informe 
Examinadas las actuaciones, la Comisión de Investigación planteó las siguientes cuestiones a resolver: 
Primera cuestión: El reclamo de nulidad del proceso por ausencia de ley que legítimamente lo sustente. 
Segunda cuestión: ¿Existe normativa legal regulatoria de las causales de juicio político? 
Tercera cuestión: Criterio a adoptarse con respecto al Expediente N° 12.802, caratulado “Juicio Político al Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Sergio Montiel – Autor S.S. Casaretto”. 
Cuarta cuestión: La procedencia de las acusaciones realizadas. 
A la primera cuestión propuesta los diputados firmantes manifestaron: 
Llama poderosamente la atención que sea el mismo Gobernador de la Provincia quien alegue la nulidad del juicio político por ausencia de ley que legítimamente lo sustente. Y lo decimos así, porque acceder a esta pretensión equivale, lisa y llanamente, a conceder a las máximas autoridades del los Poderes Ejecutivo y Judicial el carácter de inimputables, destruyendo en el acto nuestra forma republicana de gobierno. 
Creemos que indagar acerca de los principios que dan sentido al juicio político equivale a sumergirse en los mismos principios que dan sustento a la forma republicana de gobierno, y que adoptaron para sí la Nación Argentina y la Provincia de Entre Ríos. 
El Artículo 1° de la Constitución Nacional y el Artículo 1° de nuestra Constitución Provincial rezan así: 
“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.” 
“La Provincia de Entre Ríos, como parte integrante de la Nación Argentina, organiza su gobierno bajo la forma republicana representativa, como lo establece esta Constitución y en el ejercicio de su soberanía no reconoce más limitación que la Constitución Federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposiciones que en su conformidad se dictaren.” 
Vale decir que ambas entienden y adoptan la república como forma de gobierno. Que, en uno y otro caso, los constituyentes entendieron que mientas la democracia constituye una forma política y, aún más, un estilo de vida, una conducta humana, la república, y más precisamente la república representativa, es la que define nuestra forma de gobierno. 
De este modo, la república se refiere a cómo se organiza el gobierno. Define la organización y la dinámica de las relaciones funcionales de los poderes constituidos. 
Y en uno y otro caso, se aclara además que se adopta “según lo establece la presente Constitución” o “como lo establece esta Constitución”, para significar que la forma republicana de gobierno que han adoptado nuestro país y nuestra provincia son las formas que las mismas constituciones determinan. 
Significa que unos y otros constituyentes tomaron de la teoría política o del derecho constitucional el concepto de “forma republicana” y lo modelaron –respetándolo en sus cánones fundamentales- a través de sus propias normas jurídicas, calificando de ese modo su funcionamiento concreto. 
Y ello es así porque en la ciencia política y constitucional no existe un único modelo, cartabón o paradigma de república; y lo mismo ocurre con la forma representativa o el estado federal. Existen varias repúblicas, como también existen diversos tipos de representación política y de gobiernos federales. 
De manera que, sin perjuicio de referirnos en el plano teórico a ciertos denominadores comunes de la república, a los fines del voto interesa poner de manifiesto cuáles son, en el caso concreto de Entre Ríos, las exigencias de la república que como forma de gobierno establece nuestra Constitución, para luego vincularlas con el instituto del juicio político. 
* En primer lugar, nuestra forma republicana lleva explícita la afirmación de que el poder político que se ejerce es de base democrática. “Todo poder político emana del pueblo,” comienza diciendo el Artículo 4° de nuestra Constitución. 
* En segundo lugar, la república, tal como se concibe en nuestra Constitución, es una comunidad política donde el resguardo de los derechos fundamentales y de las garantías está asegurado; donde tiene vigencia el principio de libertad y también el principio de igualdad; al menos, de la igualdad jurídica o igualdad ante la ley. Artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° de nuestra Constitución. 
* Nuestra forma republicana de gobierno también determina que, emanando el poder político del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen por un tiempo determinado. Y, por esta razón, la comunidad es consultada periódicamente, mediante las técnicas electorales, acerca de cuál es su voluntad en relación con las personas que ejercerán temporalmente el poder político. Artículos 54 y 116 y Sección III, Régimen Electoral, Artículos 47 al 52 de nuestra Constitución. 
* Por otra parte, nuestra forma republicana dispone que los actos de gobierno deben ser públicos. “Los actos oficiales de toda la administración y, en especial, los que se relacionen con la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en la forma que la ley lo establezca”, expresa el Artículo 31 de nuestra Constitución. 
* La quinta exigencia sobre los que se asienta nuestra forma republicana de gobierno es la de la responsabilidad de los funcionarios que ejercen el poder; en el entendimiento que sin esta responsabilidad no hay república. Así, nuestros constituyentes, además de prever distintas responsabilidades en varios artículos, incorporaron al texto constitucional diversas técnicas y procedimientos ideados por el derecho constitucional y la ciencia política para garantizar que los funcionarios se encuentren sujetos a controles y, eventualmente, se pueda juzgar su conducta. A ello responden, entre otros, la remoción de los legisladores, la petición de informes, la interpelación, el juicio político y el jury de enjuiciamiento, que nuestra Constitución prevé en los Artículos 71, 77 y 131, en el Capítulo VIII de la Sección IV, Juicio Político, Artículos 97 al 113, y en la Sección VII, Jurado de Enjuiciamiento, Artículos 169 al 179. 
* Y por último, nuestra forma republicana de gobierno establece la división del poder político. Esta exigencia, junto a la garantía de los derechos fundamentales, constituyó uno de los principios rectores del movimiento constitucionalista desde su inicio hasta nuestros días. A punto tal que, si hoy deseamos una caracterización concisa y precisa del concepto de constitución, aún la encontramos en el Artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos de 1789 que expresaba: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada y la separación de poderes no está definitivamente determinada no tiene una constitución”. 
* Para los constituyentes del siglo XVIII, la división del poder y el resguardo o protección de los derechos fundamentales fueron dos elementos inseparables y sinónimos de constitución. Ellos crearon y perfeccionaron este procedimiento o técnica jurídica, y lo hicieron con el convencimiento de que el poder dividido era la mejor garantía de la libertad política, en la cual veían una especie de panacea y la finalidad del estado constitucional. 
* Sin embargo, la misma realidad o experiencia política e institucional se encargará de dotar de mayor complejidad y sutileza a esta técnica de división del poder; ya que, en los hechos, era imposible desconocer que el poder del estado es finalmente uno. A los principios vertebrales del constitucionalismo de Locke se le añadirá entonces el ensayo y constante perfeccionamiento del sistema de frenos y contrapesos, de controles mutuos, hasta alcanzar el modelo de división y equilibrio de poderes que adoptaron nuestras primeras constituciones y aún se mantiene vigente. 
* Así, a las exigencias de legitimación democrática del poder y del resguardo de los derechos fundamentales, donde estén asegurados los principios de libertad e igualdad; a la exigencia de limitación temporal del poder; a las exigencias de publicidad de los actos de gobierno y de la responsabilidad de los funcionarios que ejercen el poder; nuestra Constitución agregará finalmente la exigencia de estructurar el gobierno a través de tres poderes constituidos que, por separado, aunque equilibrados y de manera coordinada, ejerzan las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Sección IV, Poder Legislativo, Artículos 53 al 113; Sección V, Poder Ejecutivo, Artículos 114 al 146 y Sección VI, Poder Judicial, Artículos 147 al 168, de nuestra Constitución. 
Y estas seis exigencias que califican nuestra forma republicana de gobierno, según la establece nuestra propia constitución, son las que nos dan precisamente el marco adecuado para analizar con mayor especificidad la razón de ser del control del poder, distinguir los medios, precisar los objetivos y clarificar sus instrumentos, entre los que se encuentra el juicio político. 
Este concepto del poder sometido a control, que en términos institucionales vincula la exigencia de la responsabilidad de los funcionarios que ejercen el poder con las demás exigencias de la forma republicana de gobierno, fue desde el inicio la idea motriz del constitucionalismo norteamericano que sirvió de modelo a nuestras primeras constituciones. 
La independencia de las trece colonias no instaló un sistema rígido de separación de poderes, sino un gobierno bien equilibrado, importando la teoría inglesa de checks and balances y adaptándola a las condiciones derivadas de la distribución territorial del poder y de la estructuración de una jefatura de estado no monárquica. 
Así, esta Constitución Federal que inauguró lo que después se llamaría régimen presidencialista, fiel a la idea de frenos y contrapesos y a la interconexión de funciones, diseñó un sistema de gobierno que limita y equilibra el poder dividiéndolo. Fue esta Constitución la que estableció el veto presidencial y dispuso la intervención del senado en el nombramiento de altos funcionarios, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, entre otros ejemplos, que muestran de qué modo, a la par que dividió el poder, obligó a la colaboración entre los poderes y puso en marcha una serie efectiva de controles. 
Hamilton, Madison y Jay lo explican claramente en El Federalista; al afirmar que la división de poderes, que es la garantía de la libertad, es al mismo tiempo interdependencia de poderes, para garantizar también de ese modo que unos puedan controlar a los otros. En los ejemplares del periódico publicados en los primeros días de febrero de 1788, argumentan que el equilibrio constitucional del sistema de gobierno es la base sustentadora del estado y que, por esa razón, además del control del pueblo sobre el gobierno es preciso asegurar los controles de los distintos poderes entre sí. Las autoridades, dicen, deben organizarse y dividirse de tal manera que cada una pueda constituir un control sobre la obra de la otra, pues el régimen republicano no sirve sólo para salvaguardar a la sociedad de la eventual tiranía, sino también para garantizar a una parte de la misma contra los eventuales abusos de la otra parte. Y aún hoy, el control del poder continua siendo para el constitucionalismo norteamericano un componente inseparable del concepto de constitución. 
Los comentarios de estos tres notables juristas, hechos en aquel entonces en defensa de la Constitución de 1787, sirven también para desentrañar el sentido de nuestra Ley Fundamental de 1853, que tuvo en el texto constitucional de los Estados Unidos su modelo inspirador. Al respecto, cabe recordar que casi dos tercios de sus cláusulas reconocen este modelo, amén de otros dispositivos e instituciones tomados casi textualmente. 
Sus explicaciones nos permiten comprender que este complejo y delicado equilibrio de poderes que caracteriza a nuestro régimen republicano de gobierno, se complementa estrechamente con la existencia de múltiples controles que limitan el ejercicio del poder. Y de este modo, el control del poder y su limitación se presentan como dos términos fuertemente implicados; en cuanto que el primero tiene la función, precisamente, de garantizar la vigencia del segundo. 
Ello hace que el control tenga un sentido constitucionalmente unívoco; y este sentido no es otro que hacer efectivas las limitaciones del poder. 
Así, si analizamos detenidamente nuestra forma republicana de gobierno, llegamos a la conclusión de que todos los medios de control que prevé el texto constitucional están orientados en un solo sentido y todos responden, objetivamente, a un único fin: fiscalizar el ejercicio del poder para evitar sus abusos. 
Sin embargo, cuando pasamos de la finalidad del control al estudio de sus caracteres, esta unicidad se rompe y, entonces, siguiendo la doctrina del constitucionalista español Manuel Aragón, podemos distinguir dentro de este grupo de controles institucionalizados los políticos de los jurídicos. 
Los controles políticos tienen un carácter subjetivo, su ejercicio es voluntario y, por lógica, le competen siempre a un órgano o autoridad que, en cada caso, guarda una relación de supremacía o preeminencia con el órgano o autoridad controlado. En cambio, los controles jurídicos están objetivados por un conjunto normativo preexistente, son necesarios y los realiza un órgano independiente e imparcial, dotado además de la competencia técnica específica para resolver cuestiones atinentes al derecho. 
Es decir que en el control jurídico, por ser precisamente un control objetivado, la limitación no resulta de un choque de voluntades como en el control político, sino de una norma abstracta. De modo que, en este caso, el órgano de control no es un órgano limitante, sino actualizador de una limitación preestablecida y, por ello, aquí no es necesario una relación de supremacía o preeminencia con el órgano limitado. 
Cuando el órgano jurisdiccional declara la nulidad de una ley por inconstitucional, o de un decreto o de una resolución administrativa por ilegal, no está actuando en relación de supremacía sobre la legislatura, el gobierno o la autoridad administrativa; no está limitando el poder; en realidad, simplemente está garantizando que los límites del poder se cumplan. Vale decir, no está limitando pero sí controlando. Y, si queremos ser más precisos todavía, ni siquiera está controlando a otros órganos, sino a las actividades de esos órganos. 
Pero no ocurre lo mismo con el control político, ya que su mismo carácter subjetivo se corresponde con varias peculiaridades que es preciso examinar. 
En primer lugar, los agentes del control político son siempre órganos, autoridades o funcionarios cualificados por su condición política. Y justamente, porque el control político se basa en la capacidad de una voluntad para fiscalizar e incluso imponerse a otra voluntad, la relación que se da entre los agentes y los objetos de control no está basada en la independencia sino en la superioridad. 
Para que el control político sea posible, los agentes que lo ejercen necesitan ostentar una situación de supremacía o jerarquía sobre el órgano controlado, pues en este caso, la actuación de uno puede limitar la actuación del otro; no porque posea una condición especial como sucede con el control jurídico, sino porque tiene mayor peso. 
Por otra parte, en el control político, los agentes que lo realizan actúan en el marco del reconocimiento jurídico de esta competencia o potestad. Se trata, pues, de una atribución regular, normativizada, cuyo modo de ejercicio está previsto en la constitución o en sus leyes reglamentarias, sin que tal regulación jurídica convierta, por sí misma, el control político en control jurídico. Este reconocimiento jurídico de la competencia sólo nos confirma que estamos en presencia de un control institucionalizado, que es la única característica que el control político comparte con el control jurídico. 
A su vez, este mismo carácter institucional del control político que lo identifica con el control jurídico, sirve para diferenciarlo del control social, que es un control no institucionalizado. Cuando los ciudadanos, los sindicatos, las asociaciones gremiales, profesionales o estudiantiles, los partidos políticos, los medios de opinión o cualquier otro agente de control social lo ejerce, no lo realiza institucionalmente; lo que de ningún modo quiere decir que este tipo de control no tenga licitud o eficacia. 
Muy por el contrario, en un estado constitucional de derecho todos los medios de control social del poder deben ser considerados lícitos, a excepción, claro está, de los medios delictivos. Y los agentes del control social tienen derecho a utilizarlos, pues de lo contrario estaríamos negando o restringiendo la existencia de las libertades públicas. Pero el ejercicio de este derecho no supone una competencia constitucionalmente formalizada, sino sólo una mera y libre facultad. 
Además, que la finalidad del control social sea también una finalidad política, ya que obviamente se trata de controlar al poder, tampoco lo convierte en un control político. Este control es social porque no se efectúa de manera institucionalizada. Sus agentes, para realizarlo, no deben someterse a un procedimiento reglado y específico de control. 
También conviene precisar que el control político no tiene como objeto el control de las producciones jurídicamente objetivadas del poder, que sí es el objeto del control jurídico. El control político busca controlar a los órganos del poder mismo, o a sus miembros, y este control se puede realizar directamente sobre el órgano o indirectamente a través de la actividad que este órgano o sus miembros despliegan. 
De este modo, y sin perder de vista que el objeto del control político son los órganos del poder o sus miembros, su objeto inmediato puede ser tanto la actividad general de un órgano (la política del Gobierno, por ejemplo), como una actuación específica (el manejo de las finanzas públicas), o un acto concreto (la compra de un bien) e, incluso, la producción de una norma. Pero en este último caso, al controlar este objeto, debe quedar en claro que, en realidad, lo que se controla a través de esta mediación es el órgano del que emana o al que le es imputable. 
Asimismo, el control político puede ser sucesivo o previo; de tal manera que a veces su objeto está constituido por actividades ya realizadas y, otras veces, también por proyectos de actuación. En este último caso, el control político preventivo no exige la objetivación de los actos o conductas sobre los que se ejercita, ya que estos pueden ser proyectos que no tengan fijado aún su contenido, e incluso cabe el control sobre meros propósitos o simples intenciones, explícita o implícitamente formulados. 
Pero es en el canon del control y en los criterios de valoración donde difieren sustancialmente el control político y el control jurídico. Mientras este último está caracterizado por la preexistencia de un parámetro jurídicamente objetivado, el carácter subjetivo del control político supone exactamente todo lo contrario. 
Este carácter subjetivo le otorga al control político una indeterminación, libertad y variación que hacen difícil que su parámetro de control pueda asimilarse a la noción de regla, modelo o norma. En el control político quien limita es quien controla, y la valoración de la conducta del órgano controlado se hace atendiendo a su adecuación y no a reglas fijas. 
Este criterio es claro cuando la regulación jurídica del procedimiento de control reconoce expresamente la libertad de conformación del parámetro o, dicho de otro modo, el carácter puramente político o de oportunidad del canon de comprobación. Un ejemplo de ello es el Inciso 1° del Artículo 81 de nuestra Constitución, que le confiere a la Legislatura la atribución de aprobar o desechar los tratados que el Gobernador celebre con otras provincias, sin más criterio que la simple valoración política de la Legislatura. Otro ejemplo lo constituye la primera parte del Inciso 18 del Artículo 134, que faculta al Gobernador para exonerar a sus ministros a entera voluntad. 
Pero incluso cuando un órgano político acude a la constitución o a otra norma para juzgar una determinada conducta o un acto, interpreta la regla en términos políticos y no jurídicos. Su interpretación, a diferencia de la judicial, es enteramente libre y está sustentada en motivos de oportunidad. Se trata siempre de una valoración efectuada con razones políticas y no con un método jurídico. 
El ejemplo más claro es el mismo procedimiento de sanción y promulgación de las leyes. La Legislatura puede rechazar un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por considerarlo simplemente inoportuno o inadecuado y, en tal caso, el canon es absolutamente subjetivo. Pero también puede rechazarlo porque estima que el proyecto es inconstitucional. Y aunque en el debate sobre su presunta inconstitucionalidad los legisladores esgriman razones jurídicas de peso, ni estas razones son indispensables ni la decisión final debe estar necesariamente basada en ellas. Pero incluso, en el supuesto que la decisión se fundase en estas razones, la misma no se adopta por la fuerza del derecho sino de los votos. De modo que, el agente de control político interpreta la constitución de la manera que le parece oportuna, y no como el órgano judicial que debe interpretarla de la única manera que se considera válida. Y lo mismo ocurre cuando el Gobernador veta una ley sancionada por la Legislatura. 
Otra de las peculiaridades que se desprenden del carácter subjetivo del control político, es que una valoración negativa no lleva aparejada de manera automática la anulación del acto o la remoción de los miembros del órgano controlado; aunque a veces, esa valoración pueda tener efectos jurídicos vinculantes. Pero, en principio, el control político no posee efectos sancionatorios per se; salvo, y de manera excepcional, en aquellos casos que prevé el propio ordenamiento constitucional. 
Por último, el control político, ni tiene que ejecutarse necesariamente en todos los supuestos en que se ha previsto, ni es obligatorio que lo ejerciten todos los que tienen derecho a ejercerlo. A diferencia de lo que ocurre con el control jurídico, donde el órgano judicial tiene necesariamente que resolver, en el control político no puede obligarse al agente de control a que adopte, en todas las ocasiones, una decisión final una vez que se ha puesto en marcha el procedimiento. Puede existir una obligación política, si se quiere, pero no jurídica. Aquí siempre cabe el silencio. Y por supuesto, siempre cabe también la abstención de uno o más integrantes de un agente colectivo de control. 
Todos estos caracteres están relacionados, como no puede ser de otra manera, con la condición subjetiva del control político. Sin embargo, esto no implica que este control pierda eficacia; simplemente ocurre que, por no ser jurídico, es un control de oportunidad y no de necesidad. 
En este marco conceptual, el instituto del juicio político está previsto en el Capítulo VIII de la sección IV de nuestra Constitución. De su texto, que se enuncia en diecisiete artículos dedicados enteramente al juicio político, se desprende que el mismo fue concebido como un sistema de control político que ejerce la Legislatura sobre las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial (Artículo 97). 
Su finalidad, como la de cualquier otro medio de control institucionalizado, es fiscalizar el ejercicio del poder para evitar sus abusos y, de ese modo, hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios y magistrados que ejercen el poder; tal como lo exige nuestra forma republicana de gobierno. 
Fiel al principio de que todo poder político emana del pueblo, nuestra Constitución faculta a cualquier particular para formular, ante la Cámara de Diputados, la acusación que eventualmente dispare el sistema de control (Artículo 98). 
Y para su formulación exige el mínimo de requisitos indispensables (Artículo 99). 
Asimismo, norma un procedimiento ágil y de plazos exiguos y perentorios (Artículos 102, 108 y 109). 
En el marco de este ordenamiento, esta Comisión de Investigación, nombrada previamente por la Cámara de Diputados y dotada de las más amplias facultades, tiene la misión de investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, merituar los antecedentes y expresar ante la misma Cámara de Diputados su dictamen a favor o en contra de la acusación; asegurando al acusado, en esta etapa, la aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa (Artículos 100, 101 y 102). 
Será la Cámara de Diputados en pleno quien decida si se acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para sesionar un quórum calificado y también una mayoría calificada para aceptar el dictamen, en caso que este fuese favorable a la acusación (Artículo 103). 
El Artículo 105 determina que, admitida la acusación, la Cámara de Diputados debe nombrar una comisión de cinco de sus miembros para sostenerla ante la Cámara de Senadores. 
En los Artículos 106, 107, 108 y 109, la Constitución regula cómo el Senado se constituye en Corte de Justicia, cómo se completa su integración, las características del proceso, su plazo, los requisitos para funcionar y el modo de arribar a sentencia. 
En el Artículo 104 se regulan los efectos de la aceptación de la acusación y en los Artículos 110 y 112 los efectos de la sentencia, en uno u otro sentido. En el Artículo 111 se establece que la omisión de pronunciamiento por parte del Senado crea la presunción de inocencia a favor del acusado, sin que se admita prueba en contrario. Y en el Artículo 113 se establece la obligación de publicar de inmediato la sentencia del Senado. 
Así, de un modo estricto, el texto constitucional ha reglado el instituto del juicio político; dándole plena operatividad a su procedimiento. 
Y de lo dicho, se desprende también que el instituto del juicio político previsto en nuestra Constitución reúne todas las cualidades propias del control político. 
En este caso, el agente de control es la Legislatura, por ser el órgano más idóneo para ejercerlo; ya que su misma integración es el mejor reflejo institucional del pluralismo político de la comunidad entrerriana. Esta potestad está reconocida constitucionalmente en los Artículos 58 y 63 de la Constitución Provincial que, de este modo, le otorga a la Legislatura la supremacía necesaria para hacer efectivo el control. 
Su ejercicio está normatizado en el recientemente referido Capítulo VIII, Artículos 97 al 113 inclusive y, como ya lo expresamos anteriormente, el objeto del control son las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en sí mismas. 
La libertad en los criterios de valoración se infiere con claridad de los Artículos 102, 103 y 108, que no sujetan las decisiones de la comisión de investigación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a ningún parámetro jurídicamente objetivado. En tal sentido, el Artículo 106 es particularmente elocuente, cuando establece que cada uno de los miembros del Senado, cuando este se constituye en Corte de Justicia, prestará un juramento especial de “fallar conforme a los dictados de su conciencia”. 
Del mismo modo, no existe ningún artículo en el texto constitucional que le otorgue al juicio político el carácter de obligatorio, ni que obligue a actuar a quienes detentan la potestad. 
En su caso, la Constitución prevé expresamente en el Artículo 110 que la valoración negativa produce la separación del funcionario acusado, con la posibilidad de que se le aplique la accesoria de inhabilitación por tiempo determinado para ejercer cargos públicos. 
Por todo lo expuesto, es claro que estamos actuando en el marco del control político y no del control jurídico. La norma constitucional que nos atañe no juridifica el instituto del juicio político sino que lo canaliza, al institucionalizar los instrumentos a través de los cuales el control se efectúa y al regular su procedimiento. De modo que rechazamos todas las pretensiones de judicializar este procedimiento que ha esgrimido la defensa, y en particular el reclamo de nulidad del proceso por ausencia de ley que legítimamente lo sustente. 
Por lo demás debemos destacar el celo puesto por esta Comisión en asegurar el ejercicio del derecho de defensa del Sr. Gobernador, para lo cual no ha sido necesaria la existencia de reglas que detallen con mas minuciosidad que la de los textos constitucionales el procedimiento a seguir. Ello se pone en evidencia a través de los actos cumplidos, en especial la Resolución de correr traslado al Sr. Gobernador de las denuncias formuladas para posibilitar su descargo; la notificación al apoderado del denunciado de lugar, día y hora para la producción de las testimoniales ofrecidas a efectos de facilitarle su control y, finalmente, la puesta a su disposición de toda la prueba producida, a saber la informativa, la mencionada testimonial y el acta de las dos inspecciones oculares realizadas con la presencia del Apoderado del Sr. Gobernador, a los fines de que, en su oportunidad, de prosperar la acusación en el seno de la Cámara de Diputados, pueda contestar la misma. 
Por todo lo expuesto se rechaza el reclamo de nulidad del proceso por ausencia de ley adjetiva que regule sus actos, dado que el denunciado ha podido ejercer plenamente su derecho de defensa a través de su Apoderado, según consta en Actas y documental pertinente anexa, y en reconocimiento a la verdad jurídica de que no existe nulidad por la nulidad misma. 
Así votamos 
A la segunda cuestión propuesta los diputados firmantes dijeron: 
Nuestra Constitución Provincial tiene la extravagancia de no enunciar en su texto, de manera taxativa, las causales del juicio político. Y decimos extravagancia, porque no sólo el Artículo 53 de la Constitución Nacional contiene esas causales. También las contienen los Artículos 73 y 154 de la Constitución de Buenos Aires; los Artículos 161 y 229 de la Constitución de Catamarca; el Artículo 92 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Artículo 112 de la Constitución de Córdoba; el 54 de Corrientes, el 120 de Chaco, el 69 y 198 de Chubut; el 153 de Formosa, el 105 de La Rioja, el 110 de La Pampa, el 109 de Mendoza, el 151 de Misiones; el 150 de Río Negro, el 95 y 153 de Salta, el 219 de San Juan, el 180 de San Luis, el 138 de Santa Cruz, el 99 de Santa Fe, el 167 de Santiago del Estero; y todos con un piso de asombrosas coincidencias. 
Sin embargo, los entrerrianos no siempre tuvimos esta rareza constitucional; la adquirimos recién en el año ’33. 
Nuestra Constitución de 1860, en el Inciso 15 del Artículo 22, que enunciaba las atribuciones del Poder Legislativo, constituido en aquel entonces sólo por la Cámara de Diputados, establecía: 
“Juzgar en juicio público al Secretario del Gobernador y a los miembros de Cámara de Justicia, por los delitos de concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución y otros que merezcan pena infamante o de muerte. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Provincia; pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.” 
En este inciso no se incluía al Gobernador de la Provincia, porque éste era juzgado por el Congreso de la Nación, según lo establecía la Constitución Nacional de 1853. 
En ella, su Artículo 41, refiriéndose a la Cámara de Diputados decía: 
“Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente y vicepresidente de la Confederación y a sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras, a los de la Corte Suprema de Justicia, y a los gobernadores de provincia, por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución, u otros que merezcan pena infamante o de muerte; después de haber conocido de ellos, a petición de parte, o de alguno de sus miembros, y declarada haber lugar la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” 
La reforma nacional de 1860 quitó al Congreso Nacional la potestad de juzgar a los gobernadores de provincia, pasando ésta a ser una atribución de las Legislaturas Provinciales. 
En concordancia con ello, nuestra Constitución Provincial de 1883 norma el instituto de juicio político en el Artículo 23, perteneciente a la Sección I, Declaraciones, Deberes, Derechos y Garantías; y luego en la Sección IX que comprende los Artículos 197 al 212, dedicados íntegramente al juicio político. 
Entonces, el Artículo 23 decía: 
“El Gobernador, el Vicegobernador, los Secretarios de Estado, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y demás jueces letrados, están sujetos al juicio político, por mal desempeño o por delitos en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes. Los demás funcionarios y empleados públicos no sujetos a juicio político, son judiciables ante los tribunales ordinarios por abusos que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar, ni declinar jurisdicción, alegando orden o aprobación superior.” 
Posteriormente, la reforma constitucional de 1903 mantiene el criterio, con la única salvedad que el anterior Artículo 23 pasa a ser el Artículo 27, con casi idéntico texto, ya que sólo introduce cuatro correcciones gramaticales de menor cuantía; y la Sección IX se transforma en VIII, comprendiendo los Artículos 259 al 274, siempre referidos todos al juicio político. 
Con la reforma de 1933, esta Sección dedicada al juicio político se transforma en el Capítulo VIII de la Sección IV que ya hemos comentado, y el Artículo 27 de la Constitución de 1903 se reduce a lo que hoy es el Artículo 16, que dice: 
“Los funcionarios y empleados públicos, no sujetos al juicio político ni al jurado de enjuiciamiento, son enjuiciables ante los tribunales ordinarios, sin que puedan excusarse alegando orden o aprobación superior.” 
De este modo, desaparecieron extrañamente las causales del juicio político de nuestro texto constitucional. Y la sorpresa es mayor, cuando revisamos los Antecedentes y Versiones Taquigráficas de la Convención Constituyente, según la publicación ordenada por la misma convención. 
Efectivamente, en la segunda Sesión Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1933, se inició el debate de la Sección I, Declaraciones, Derechos y Garantías, conforme al despacho de la Comisión Redactora, lográndose la aprobación de los primeros quince artículos. Este último, el Artículo 15 del despacho de la Comisión Redactora, era precisamente el texto reformado del Artículo 27 de la Constitución de 1903. Y, según se transcribe en la página 274 del tomo 1 de los Antecedentes y Versiones Taquigráficas de la Convención Constituyente, su texto mantenía las causales del juicio político. 
El texto propuesto fue observado por el convencional Sammartino porque no hacía referencia al jurado de enjuiciamiento que había propuesto la misma Comisión Redactora. Ello generó un debate, en el que intervinieron los convencionales Aguirrezabala, Consoli, Eguiguren, Tibiletti y Ardoy, votándose luego el despacho con la modificación aceptada, que leyó el secretario Salgado y consta en la página 278 del libro mencionado. 
El artículo decía textualmente: 
“El Gobernador y Vicegobernador, los Secretarios de Estado y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, estarán sujetos a juicio político por mal desempeño o delito que cometieran en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes. Los demás funcionarios y empleados públicos, no sujetos al juicio político ni al jurado de enjuiciamiento que se crea por esta Constitución, son enjuiciables ante los tribunales ordinarios, sin que puedan excusarse de contestar ni declinar jurisdicción alegando orden o aprobación superior.” 
Y este fue exactamente el artículo aprobado en un inicio por la Convención Constituyente. 
En la décimo primer Sesión Ordinaria celebrada el 3 de agosto de 1933 se consideró el despacho de la Comisión Redactora referente al procedimiento para el juicio político y, sin observaciones, se aprobó en la forma despachada; quedando así normado el Capítulo VIII de la Sección IV tal como hoy lo conocemos. 
Pero en la décimo cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 17 de agosto de ese mismo año, se pone a consideración el despacho de la Comisión Especial Revisora, que había sido creada el día 3 de agosto a moción del convencional Aguirrezabala, con la misión de dictaminar en los asuntos pendientes y que no tuviesen despacho, así como de relacionar y hacer correcciones en lo ya sancionado. 
En esa ocasión el miembro informante fue el convencional Laurencena que, en el artículo que nos ocupa, se expresa así: 
“En el Artículo 15 del Despacho que pasa a ser el 16, se propone una modificación de alguna mayor importancia, aparente, por lo menos. Dice la primera parte: “El Gobernador y Vicegobernador, los Secretarios de Estado y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, inclusive el fiscal y defensor del mismo, estarán sujetos a juicio político por mal desempeño o delito que cometieran en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes”. 
Esta primera parte, la Comisión propone suprimirla íntegramente en razón de que esto mismo está expresado en otra parte de la Constitución cuando se refiere especialmente a dichos funcionarios. La Comisión propone también algunas modificaciones en la segunda parte: suprime la palabra “además” que no tiene objeto y suprime también las palabras que dicen: “que se crea por esta Constitución”, por considerarlo superfluo. Y al final propone suprimir las palabras “de contestar ni declinar jurisdicción”, que no tienen un concepto claro. El artículo queda completo como propone la Comisión, “sin que puedan excusarse alegando órdenes o aprobación superior”. 
Interviene entonces el Vicepresidente 2°, convencional Jaureguiberry, a cargo de la Presidencia, que expresa: Si no se observa se dará por aprobado. Aprobado. 
Así consta, en forma textual, en la página 1043 perteneciente al tomo II de los Antecedentes y Versiones Taquigráficas de la Convención Constituyente. 
Sin duda, Laurencena se refería al Artículo 97 de la Constitución, que enuncia a los funcionarios que están sujetos al juicio político, pero que nunca mencionó las causales del mismo. 
No interesa aquí dilucidar si el error fue involuntario o no. Lo cierto es que de la lectura del Libro de Sesiones de la Convención Constituyente, surge con absoluta claridad que nunca estuvo en el ánimo de los convencionales suprimir las causales de juicio político. Todo lo contrario, ratificaron expresamente las mismas causales que contenían las Constituciones Provinciales de 1883 y 1903; y que son exactamente las mismas que expresa nuestra Constitución Nacional y la inmensa mayoría de las constituciones provinciales. 
Sostener que en la Provincia de Entre Ríos no existen causales para el juicio político es ignorancia o necedad. Existen, y son el mal desempeño, los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones y los delitos comunes. 
Los Artículos 23, 110 y 138 de la Constitución Provincial hacen, de uno u otro modo, referencia a ellos. 
El Artículo 23 pone un límite claro a las atribuciones de los funcionarios y empleados de la Provincia y los responsabiliza de los daños que puedan causar a terceros o al estado. La primera parte de su texto expresa: 
“Las atribuciones de los funcionarios y empleados de la Provincia y municipalidades están limitadas por la ley suprema de la Nación, por esta Constitución y por las leyes que en su virtud dicte la Legislatura. Los funcionarios y empleados son individualmente responsables de los daños causados a terceros o al Estado por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.” 
A su vez, el Artículo 110, refiriéndose a los funcionarios sujetos a juicio político, dice en su parte final: 
“Pero cuando del proceso resulte constatado un crimen o delito común, el reo será entregado a la justicia ordinaria con todos los antecedentes de su causa, para que le aplique la pena respectiva.” 
Y el Artículo 138, el último del Capítulo dedicado a las Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo, establece: 
“El gobernador y vicegobernador, en su caso, y los ministros en los actos que legalicen con su firma o acuerdos en común, son solidariamente responsables, y pueden ser acusados ante el Senado.” 
La causal de mal desempeño no ha sido conceptualizada por ningún texto constitucional. Tiene la indeterminación, libertad y variación propias del control político, y está librada a la facultad discrecional de las Cámaras Legislativas. Pero los constitucionalistas, en general, coinciden que la falta de idoneidad, la ineptitud, la insolvencia moral, incluso la enfermedad del funcionario, pueden afectar el servicio público, su eficacia, su decoro y configurar esta causal. 
Los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones son, obviamente, los delitos cometidos a partir del desempeño del cargo; como por ejemplo, la usurpación de autoridad, el abuso de autoridad, la violación de los deberes de los funcionarios públicos, la violación de sellos y documentos, el cohecho y el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito, o el prevaricato en el caso de los jueces. 
Y los delitos o crímenes comunes son los demás delitos tipificados por el Código Penal y que no guardan relación específica con el ejercicio de las funciones, como en el caso anterior. 
Y aquí conviene aclarar que, tanto los delitos en el ejercicio de las funciones como los crímenes comunes, están sujetos a la ley penal incriminatoria que describe el delito, que es preexistente y constituye un parámetro jurídicamente objetivado, que el legislador no puede ni debe obviar, independientemente del carácter subjetivo del control político. 
Que el juicio político no sea un juicio penal, no significa que en estos casos el legislador esté autorizado a tipificar caprichosamente los delitos. Su encuadramiento debe corresponderse con la legislación penal vigente y la prueba debe ser pertinente. 
De modo que, conforme a lo expuesto, sostenemos que debemos tener como causales válidas para la promoción del juicio político al mal desempeño, los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y los delitos comunes. 
Por lo demás, como se expresara, las causales están expresamente previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esta norma resulta plenamente aplicable al caso por el imperio supremo de la Carta Magna dispuesto por su artículo 31, que asegura la supremacía de la Constitución Nacional como norma fundamental del orden jurídico argentino en todo el territorio del país. Ello significa que, en caso de juicio político en los ámbitos provinciales, no sólo son aplicables las normas pertinentes de las Constituciones sino también las de la Constitución nacional, que en aspecto que nos ocupa, reiteramos, específicamente han establecido cuáles son esas causales de juicio político. 
Conforme a lo expuesto la Comisión sostiene que normativamente están contempladas las causales válidas para la promoción del juicio político y que ellas son el mal desempeño, los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y los delitos comunes. 
Así votamos 
A la tercera cuestión propuesta los diputados firmantes dijeron: 
El Expediente N° 12802 contiene la denuncia formulada por el Senador Provincial Marcelo Casaretto, cuya procedencia ha sido puesta en crisis por miembros de la misma Comisión y por la defensa, aduciendo que el texto constitucional autoriza expresamente a formular acusación sólo a cualquier diputado provincial o a cualquier particular, por lo que al excluir el texto legal a los Senadores, aquejaría al presentante falta de legitimación para obrar. 
Ciertamente, la Constitución Provincial no ha conferido esta facultad a los senadores provinciales, con el fin de preservar la capacidad del Senado para actuar, eventualmente, como Corte de Justicia, y asimismo, con el objeto de preservar el quórum requerido para su funcionamiento. 
Por estas razones, y a fin de preservar la puridad de las actuaciones, corresponde desestimar esta acusación por falta de legitimación para obrar en el denunciante atento a su calidad de Senador Provincial. Se deja constancia que, por otra parte, la cuestión no merece más consideración habida cuenta de que los hechos denunciados por el Legislador resultan coincidentes con los articulados en otra de las denuncias, por lo que el rechazo de la denuncia presentada no obsta al tratamiento de las cuestiones planteadas. 
Así votamos 
A la cuarta cuestión propuesta los diputados firmantes dijeron: 
Aclaración Preliminar 
Para resolver esta cuestión haremos mérito exclusivamente de las acusaciones formuladas por una parte, por los ciudadanos Aldo Bachetti, DNI N° 5.261.343, domiciliado en calle Nux 641 de esta ciudad; Jorge Darío Broggi, DNI N° 13.593.395, domiciliado en calle Padre José Kontenich 679 de esta ciudad; y Beatriz Demonte, DNI N° 5.337.358, domiciliada en calle Montegazza 3232 de esta ciudad; y por la otra, por la ciudadana Sara Liponezky de Amavet, DNI N° 6.367.226, con domicilio en calle Cervantes 846 de esta ciudad; quienes, según consta en el Acta N° 21 Folios 29 y 30 del Libro de Actas de la Comisión, se reconocieron autores de las denuncias que obra en los Expedientes N° 12801 y 12803, y las ratificaron en todos sus términos, como así mismo sus firmas. 
Al cabo de las diligencias probatorias reseñadas en el Informe Preliminar acerca de lo actuado por la Comisión de Investigación, estamos en condiciones de producir conclusiones fundadas que tienen en cuenta tanto el texto de las denuncias como el descargo formulado por el Primer Mandatario Provincial y, además, el plexo probatorio obrante a nuestra disposición para el análisis. 
De esta confrontación de elementos de cargo y de descargo y, luego de un concienzudo análisis, coincidimos en arribar a las conclusiones que pasamos a exponer. 
Aconsejamos acusar por: 
En primer lugar, hemos de considerar los hechos denunciados cuya verosimilitud entendemos acreditada y que tienen la entidad suficiente como para producir la Acusación que la Constitución Provincial autoriza a la Honorable Cámara de Diputados. 
En tal sentido, aconsejamos acusar por los hechos que enunciamos a continuación con los fundamentos del caso: 
a)- La omisión de remesar al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) el aporte legal de los agentes públicos. 
El Sr. Gobernador de la Provincia, en su calidad de Jefe de la Administración Pública, ha dispuesto retener de los haberes de los agentes públicos – activos y pasivos – el aporte legal que corresponde remitir al IOSPER en concepto de contribuciones personales y aportes patronales, omitiendo remesar tales fondos. Esta situación, que se comenzó a producir partir del mes de agosto de 2001, motivó que la principal obra social de la Provincia, que asiste a más de 200.000 entrerrianos, se haya declarado en situación de emergencia y riesgo sanitario en el mes de septiembre de 2001, mediante la Resolución N° 235/01, que se encuentra agregada como prueba y está debidamente publicada en el Boletín Oficial (así consta en la contestación al Oficio N° 35). Dicho incumplimiento también motivó que se suspendieran gradualmente los servicios brindados por la obra social. 
Está comprobado que el aporte porcentual fue retenido a los trabajadores públicos, tal como surge de las pruebas que se acompañaron con la denuncia y de la testimonial producida, además de ser un hecho público y notorio, ya que dicho descuento obra en todos los recibos de haberes del sector público. 
Independientemente del encuadramiento penal que el denunciante ha realizado respecto de la conducta omisiva atribuida al Sr. Gobernador, entendemos que, sin adentrarnos en ninguna figura del derecho penal, nos encontramos ante un grave incumplimiento funcional que configura la causal de MAL DESEMPEÑO; por la cual debe ser juzgado el primer mandatario provincial en el caso presente. La eventualidad de que sea o no delito, motivará oportunamente la decisión por parte de la Cámara de Senadores constituida en Corte de Justicia, acerca de la remisión o no de los antecedentes a los órganos competentes de la justicia. 
Tenemos en cuenta para arribar a tal conclusión: la documental acompañada con la denuncia, la testimonial brindada ante esta Comisión por la Sra. Presidenta del IOSPER, Contadora Silvina Degano, quien ratificó lo expuesto y abundó en detalles sobre el descalabro que la falta de remisión de los aportes ha ocasionado a la obra social, y la Sentencia Judicial dictada en autos “INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS C/ ESTADO PROVINCIAL S/ ACCIÓN DE EJECUCIÓN”, por parte del Superior Tribunal de Justicia, que ratificó la Sentencia de Primera Instancia que admitió la demanda radicada por el IOSPER, ordenándose al Poder Ejecutivo remesar los aportes (así consta en contestación a los Oficios N° 74 y 79). 
En dicha causa judicial, el voto de la mayoría del Tribunal, en relación con la calificación legal de la conducta del Sr. Gobernador, tuvo las siguientes consideraciones: “ De manera que, si el demandado logró disponer de fondos liberados para afrontar el pago de las liquidaciones de esos haberes del mes de agosto /2001 y éstas incluían los aportes y contribuciones personales y patronales correspondientes a IOSPER, inevitablemente debió prever e indefectiblemente concretar el oportuno depósito de éstos sin que pueda hacer jugar caprichosamente en su defensa las hipotéticas causas genéricas de las demoras en el cumplimiento de sus restantes obligaciones, para eximirse de ésta, toda vez que la misma, una vez liquidada, libradas sus órdenes de pago y efectivizado el pago de haberes y practicadas sus correspondientes retenciones, se encontraba íntegramente excluida de aquellas circunstancias impeditivas, deviniendo inexorable e imperioso el consecuente depósito en la cuenta de IOSPER en los precisos términos del Art.24 de la Ley N° 5.326 a riesgo, incluso, de poder incurrir en un eventual ilícito penal, a tenor de lo establecido, por ejemplo, en los Arts.173, 248 ó 249 del Código Penal...” 
Asimismo, hemos considerado el descargo formulado por el Sr. Gobernador; quien no ha negado en modo alguno la falta de remesa de los fondos, limitándose a la alegación de razones financieras, ausencia del crédito público, deuda pública contraída por gestiones gubernamentales anteriores; todas razones que no alcanzan a explicar, a esta altura del proceso, la omisión de cumplimiento de una obligación que afecta tan grandemente la cobertura de salud de un sector importante de la población. Cuanto más, si se tiene en cuenta que la situación financiera que describe, no ha sido óbice para la disposición de fondos para capitalizar empresas estatales, o con otros destinos. El Contador Osvaldo Cepeda, en su testimonial, abundó en idénticas razones que las emitidas por el Sr. Gobernador, pero no logra conmover la firmeza probatoria del resto del plexo, especialmente la Sentencia Judicial, la documental (contestación Oficio N° 31) y la testimonial. 
De modo tal que, confrontadas las pruebas y oído el descargo, nuestra conclusión respecto de dicho cargo es acusatoria. 
b)- La mora en remesar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los municipios. 
Se encuentra prima facie acreditado que el titular del Poder Ejecutivo Provincial recibió en el transcurso del año 2001, fondos provenientes de “Aportes del Tesoro Nacional” (ATN) en virtud de lo dispuesto por Ley 23.548, con una asignación precisa por parte del Ministerio del Interior de la Nación, destinada a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de determinados municipios. 
De las respuestas a los Oficios N° 14 y 15, emanadas de la Contaduría General y de la Tesorería General de la Provincia, surge que el Poder Ejecutivo recepcionó la primer remesa el 4 de enero de 2001, por un importe de $l.800.000, que transfirió íntegramente en el transcurso del mismo mes a los municipios correspondientes. El 15 de mayo de 2001 el Gobierno recibió una segunda remesa, de $ 1.000.000 con destino al Municipio de Paraná, que transfirió recién el día 15 de julio. La tercera remesa, que es la que da lugar a la denuncia, llegó el día 4 de octubre de 2001 por un importe de $ 2.000.000 con destino a veinticuatro municipios. Y, según el mismo informe de la Tesorería General, estos fondos, cuyo destino se encontraba particularmente especificado, fueron transferidos a los municipios correspondientes entre el 22 de noviembre de 2001 y el 12 de marzo del 2002. 
De la prueba reunida resulta difícil precisar la demora que sufrió cada uno de los Municipios afectados, pues en muchos casos se hicieron dos o tres transferencias parciales sin que se detalle el monto de cada una de ellas y, en otros casos, la remesa fue parcial o totalmente retenida, a cuenta de anticipos transitorios de coparticipación o para cubrir aportes adeudados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Pero es evidente que el grueso de las transferencias se hizo recién en los meses de febrero y marzo del año en curso. 
En consecuencia, se ha establecido que dichos fondos, en su mayoría, no cumplieron los fines para los cuales estaban asignados en el momento oportuno, y el desvío y uso de los mismos para otros fines, como asimismo el pago tardío, es responsabilidad única y exclusiva del Sr. Gobernador de la Provincia, sin que surja tampoco cuál fue el criterio de esta asignación irregular. 
Este cargo, encuadra también en la figura del MAL DESEMPEÑO, por haber incumplido el Sr. Gobernador de la Provincia un mandato específico tanto de la ley nacional como del gobierno nacional, desviando el destino de los aportes del tesoro nacional que debieron transferirse diligentemente a determinados Municipios de la Provincia. 
Al momento de efectuar su descargo, el Sr. Gobernador expresó sobre este punto que a “...la fecha no existe en el Estado Provincial remesa alguna pendiente de liquidación perteneciente a los Municipios en conceptos de ATN”. 
Esa explicación no alcanza a justificar lo que admiten las respuestas a los Oficios mencionados, ya que aunque se tenga por cierta la afirmación precedente, resulta evidente y palmario que hasta el 12 de marzo de 2.002 existió incumplimiento de la obligación de remitir los fondos, con el agravante de que fueron recepcionados por la Provincia en octubre de 2001, según la prueba arrimada. 
Y no comprobamos que exista explicación para la mora en cumplimentar su destino, ni para la “selección” subjetiva de aquellos que los recibieron en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o último término. 
c)- El mal desempeño frente a los hechos del 20 de diciembre de 2001, con relación a la labor realizada por la Policía de Entre Ríos 
Los denunciantes han acusado al Sr. Gobernador por homicidios y lesiones graves cometidos prima facie en autoría indirecta por el dominio del hecho. 
No suscribimos la atribución de tal responsabilidad en virtud del supuesto dominio del hecho que, aseguran los denunciantes, habría tenido el Sr. Gobernador. 
Existe sin embargo, en la abundante prueba agregada, consistente en los expedientes completos llevados adelante por el Juez de Instrucción N° 1 Dr. Ricardo González, caratulados “PANIAGUA ELOISA M. S/ SU MUERTE”, “ITURAIN, ROMINA E. S/ SU MUERTE” Y “RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL S/ SU MUERTE”, la semiplena prueba que acredita ante esta Comisión que la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que debe ser conducida por el Sr. Gobernador de acuerdo al Art. 134 de la Constitución Provincial y la ley Orgánica N° 5654, desempeñó en los hechos del 20 de diciembre de 2001, un rol reñido al cumplimiento de sus deberes y el respeto de la ley. 
Esos hechos, que consistieron en la amenaza de asalto y saqueo de supermercados o de diversos comercios en la Provincia que en algunos casos llegaron a consumarse, fueron reprimidos con exceso injustificable por la Policía de Entre Ríos, llegándose al extremo de la utilización de balas convencionales, lo que se encuentra acreditado ante esta Comisión. Así ocurrió en los casos “Paniagua” e “Iturain”. Asimismo surge de las declaraciones testimoniales prestadas en sede judicial por diversos testigos que en ambas causas afirmaron haber visto al personal policial que actuaba uniformado en los lugares de convulsión, disparar sus armas reglamentarias. 
Las consecuencias de ese accionar están a la vista. Por causa de la utilización de proyectiles convencionales (debiéndose utilizar balas de goma u otros elementos disuasivos) ocurrió la muerte de Eloísa Paniagua, y muy probablemente por la misma causa, la de Romina Iturain y José Daniel Rodríguez. 
Que la policía utilizó tales proyectiles, está acreditado. También lo está a través de la declaración prestada ante esta Comisión por el Sr. Jefe de Policía de la Provincia que no recibió ninguna instrucción por parte del Ministro de Gobierno o del Gobernador para realizar tareas de inteligencia y prevención ante las públicas versiones circulantes días antes de los sucesos de que se podrían producir hechos de violencia, habida cuenta del clima de tensión por la que vivía el país y la Provincia. Más aún: el Sr. Jefe declaró que los sucesos los “habían sorprendido”. 
Está claro que la decisión de utilizar las armas reglamentarias y proyectiles convencionales, no fue una decisión aislada de un funcionario policial conduciéndose irreflexivamente, sino que la policía, a través de su jerarquía, respondió a las órdenes impartidas de resistir a “toda costa” los embates de los manifestantes, lo que dejaba campo libre para repeler los ataques contra los bienes materiales de los dueños de comercios y supermercados de la manera en que, lamentablemente, si hizo. 
Bien pudo adoptarse otra posición frente a los ataques a los comercios, que no afectase severamente derechos cuya reparación resulta imposible, como es la vida, de haberse actuado con un despliegue de fuerza proporcional a la acción de los manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños. De hecho está claro que en los casos “Iturain” y “Paniagua”, las muertes se producen en el marco de una persecución contra los manifestantes, donde hubo disparos de armas de fuego. 
La falta de previsión del máximo responsable de la fuerza, el Sr. Gobernador, queda en evidencia ante la ausencia de directivas para preparar con antelación estrategias y medidas tendientes a la eventual dispersión de manifestantes en caso de producirse hechos de amenaza de saqueos u otros desórdenes, utilizando para ello medios apropiados como proyectiles de goma, gases lacrimógenos u otros similares en cantidad suficiente.- La falta de previsión apuntada, unido a la ausencia de control sobre la fuerza una vez producido los hechos son configurativas de un real Mal Desempeño en la especie. 
d)- Mal desempeño por la crisis y el colapso del servicio público de salud. 
La testimonial producida y las inspecciones oculares realizadas en el Hospital San Martín y San Roque de esta ciudad dan certeza a la grave situación de falta de medicamentos suficientes y de otros insumos hospitalarios que impiden la atención adecuada del Hospital Público - lo que por otra parte es de público y notorio conocimiento- con las graves consecuencias que ello conlleva para la salud de miles de comprovincianos que, carentes de recursos, necesitan de las prestaciones del hospital público. 
Resulta particularmente grave, por ejemplo, que en el Servicio de Cirugía del Hospital San Martín, el nosocomio más importante de la Provincia, se deba seleccionar mediante decisión del facultativo responsable a qué paciente se atiente y a cuál se posterga de la práctica de cirugías necesarias según prescripción médica, a causa de la falta de medicamentos u otros insumos, como anestesia, en cantidad suficiente para atender las necesidades quirúrgicas de todos. 
No escapa al criterio de esta Comisión, como a la de cualquioer persona de sentido común que tenga acceso a esta información, la violencia moral de médicos y de pacientes ante la decisión de postergación de intervenciones quirúrgicas necesarias para su evolución normal, que resiente su calidad de vida a la espera de la atención debida, muchas veces ocupando camas del Hospital con aumento del riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias por la prolongada exposición. Tampoco resulta complicado deducir las consecuencias que tal situación pueda traer para la salud de los perjudicados, dando por descontado que en muchos casos ha de producirse un agravamiento de las dolencias con consecuencias irreversibles. 
Resulta patética la situación de muchos pacientes ambulatorios con enfermedades psíquicas que al no poder suministrárseles medicación adecuada se desestabilizan o experimentan efectos secundarios dañosos de manera permanente. El daño personal de tales situaciones y el social experimentado por familiares y su entorno no necesita de mayores consideraciones. 
La gravedad de la situación no puede ser endilgada únicamente a los laboratorios y proveedores de medicamentos que puedan haber realizado maniobras especulativas ante la devaluación de nuestra moneda durante los últimos meses. Ha quedado demostrado por la testimonial producida que si bien en algunos casos ha habido aumentos exorbitantes de precios –lo cual no es justificación alguna para la deserción del Estado en el suministro de medicamentos a través del hospital público- la negativa de algunos proveedores a entregar medicamentos se ha fundado mas en la falta de pago por parte de la Provincia de partidas atrasadas que en razones especulativas. 
Tampoco se puede aceptar la pretensión de deslindar responsabilidades en virtud de la profunda crisis financiera que afecta a la Provincia, porque si bien es este un lamentable dato de la realidad, también es cierto que la emergencia debió llevar al Sr. Gobernador, responsable máximo en la aplicación de las políticas de gobierno, a responder en la coyuntura privilegiando la aplicación de los escasos recursos del erario público para la provisión necesaria a la atención de la Salud Pública. 
Desde el mes de Abril del año 2001, se corta el crédito bancario a la Provincia y comienzan a sentirse los efectos de los compromisos de afectación de la coparticipación federal para los servicios de la deuda pública que fuera contraída en oportunidad de la toma de los respectivos créditos, extremo que causó la disminución del flujo de fondos provenientes de la Nación por tal concepto. Ante semejante cuadro negativo para las finanzas provinciales, el Gobierno debió obrar con la diligencia debida adoptando planes de inmediato para hacer frente a la emergencia, cuya prolongación en el tiempo aún hoy resulta impredecible, decidiendo un profundo replanteo de los gastos en orden a la preservación de uno de los valores principales por los que debe velar el Estado: la salud de los entrerrianos. 
No fue así sino que, ante la inacción de un cambio de rumbo que el Gobernador no supo resolver se fueron acentuando las carencias de medicamentos e insumos hospitalarios hasta llegar a la difícil, por no decir trágica, realidad padecida durante los últimos meses hasta el presente. 
La crisis en que fue sumergido el IOSPER, la que será considerada en el apartado siguiente, tuvo también consecuencia en el sector privado pues por falta de pago a los institutos y sanatorios por prestaciones a mutualizados se resintió la economía de dichos establecimientos lo que aparejó una derivación adicional de pacientes hacia el hospital público que por las causas expresadas, no pudieron obtener en muchos casos la respuesta de una atención debida. 
e)- El mal desempeño en la administración de los fondos de la Ley N° 4.035. 
El Sr. Gobernador de la Provincia, como Jefe de la Administración, tiene directa responsabilidad en la falta de pago a los beneficiarios de la Ley 4.035 de Asistencia Social a la Ancianidad, la Invalidez y la Madre. 
Desde enero de 2001 a febrero de 2002 ingresaron al Fondo creado por la norma aportes notablemente mayores que los efectivamente abonados a sus beneficiarios. Según surge de los informes emitidos por el Sr. Contador General de la Provincia, que se encuentran agregados como prueba en contestación al Oficio N° 7 remitido por esta Comisión, durante el período comprendido entre el mes de enero de 2001 a febrero de 2002 se recaudó la suma de $ 23.531.218,74 mientras en idéntico período se abonó $9.509.738, 68 en concepto de beneficios de pensión Ley 4.035. 
Según lo previsto en Ley de Presupuesto de 2001, y lo informado por el Contador General de la Provincia, por partida 959-1-40-00-000-13-374-13-1-3-74-000 se encontraba prevista la suma de $ 11.200.000 para financiar el pago de las aludidas pensiones. 
Al momento, se encuentran impagas sin ningún tipo de explicación, a personas indigentes que carecen de todo ingreso y sin que se haya podido explicar el destino real de lo recaudado, las pensiones de la Ley 4.035 correspondientes al segundo S.A.C. de 2001 y a los meses de enero, febrero y marzo de 2002. El último pago se realizó el día 15 de marzo de 2002 y correspondía al período de diciembre de 2001. 
De tal modo, encontramos prima facie acreditado el cargo por mal desempeño respecto de este punto; por no haber dado a sus genuinos destinatarios los fondos que hacen a su subsistencia, sobre los cuales gozan de derecho de propiedad, por acto emanado del propio Estado al momento de concederles la pensión. 
En contestación al Oficio N° 9 librado por la Comisión de Investigación, la Directora de Administración del Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos afirma que desde ese Ministerio “...se realizaron todas las gestiones relacionadas con la liquidación del beneficio en cuestión, hasta el mes de marzo del corriente año inclusive, encontrándose en condiciones de ser abonados...”. De dicho informe surge también que los pagos se efectúan a medida en que se recepcionan las remesas de fondos desde la Tesorería General de la Provincia, y que aún habiéndose recepcionado no se han abonado. 
Destacamos que el Fondo creado por la Ley es específico, es decir que esos dineros tienen una especial afectación, tratándose de una ley general que protege a todos los indigentes. Se ha castigado al desvalido con grosera violación a los derechos establecidos por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales a ella incorporados por el Artículo 75 Inciso 22, en especial los Artículos XI y XVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos; los Artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los Artículos 1 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar sólo algunos de los aplicables a la obligación de los Estados de asistir al carenciado y del derecho a la vida por parte de quienes no poseen formas de subsistencia. 
Del descargo formulado, no surgen explicaciones satisfactorias que justifiquen la omisión del cumplimiento de los pagos señalados, y a su vez, la prueba de cargo corrobora la necesidad de producir acusación por la omisión funcional, independientemente de la investigación penal que oportunamente pudiera corresponder. 
f)- El mal desempeño en la implementación del régimen de jubilación anticipada. 
El Sr. Gobernador, invocando la grave situación deficitaria del sistema previsional de la Provincia, procedió al dictado del Decreto N° 3230/01 GOB a través del cual el titular del Poder Ejecutivo instituyó un régimen excepcional de jubilación anticipada para todos los agentes de los tres poderes del Estado Provincial, incluidos entes autárquicos y descentralizados. Este régimen de excepción, que disminuye las exigencias que normalmente deben cumplir los agentes estatales que pretendan acceder a alguno de los beneficios jubilatorios que ha previsto la Ley N° 8.732, se estructura sobre dos pilares fundamentales según lo previsto en su misma normativa. 
Uno es el Artículo 4° del referido decreto que dispone que: “Los cargos liberados por aplicación de este decreto serán eliminados del presupuesto, salvo que por razones de necesidad del servicio y por acto fundado, deban ser cubiertos. En ese caso se eliminará el de menor jerarquía, producido el ascenso." Y el otro pilar es el Artículo 5° del mismo decreto, que prevé que la atención de los beneficios previsionales otorgados a su amparo se hará con las partidas presupuestarias del organismo en que se produzca la vacante por jubilación anticipada del activo. 
De este modo, a partir el déficit de las cuentas públicas que para el ejecutivo provincial importa un estado de fuerza mayor, se dicta este decreto ad referéndum de la Honorable Legislatura, con la expresa intención de contribuir a equilibrar las cuentas públicas deficitarias. 
El decreto, amén de introducir nuevas figuras al régimen legal de jubilaciones y pensiones de la Provincia de Entre Ríos regulado por la Ley N° 8732, deroga artículos de la mencionada ley y de otras normas; cuya eficacia, por cierto, queda sometida a la consideración legislativa que efectúe oportunamente la Honorable Legislatura de Entre Ríos. 
No acompaña al texto del decreto ningún cálculo actuarial, ni tampoco se proyecta el alcance del supuesto beneficio que acarreará a las arcas públicas las medidas dispuestas. No se hace ninguna referencia en los argumentos que fundamentan la faz dispositiva del decreto, a estudios, consultas, comparaciones o proyecciones que permitan visualizar, aunque más no sea mínimamente la comparencia entre lo regulado y el comportamiento futuro de las finanzas de la Caja de Jubilaciones. 
Posteriormente el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 3926/01 GOB) por el cual se modifica – entre otros – el Artículo 4° de su par N° 3230/01, él que quedó redactado de la siguiente manera: “Los cargos liberados por aplicación de este decreto serán eliminados del presupuesto, salvo que por razones de necesidad del servicio y por acto fundado, deban ser cubiertos. En ese caso se eliminará el de menor jerarquía, producido el ascenso. Se considerarán comprendidos en esta excepción los cargos liberados por magistrados, funcionarios judiciales y personal que ostente el status policial, situaciones en las que se considera ínsita su necesidad y en ningún caso serán eliminadas de las previsiones presupuestarias.” 
Finalmente el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 4412/01 como compendio legislativo y ordenado de la legislación previsional de emergencia. 
Acto seguido y conforme las constancias obrantes en la respuesta al Oficio N° 80 contestado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ante el requerimiento de esta Comisión de Investigación, se dictaron los Decretos N° 4912/01 del 14/12/01 jubilando anticipadamente al Sr. Juez José Ángel Campano; N° 4669/01 del 30/11/01 jubilando anticipadamente al Sr. Juez Juan Ascúa; N° 4870/01 del 12/12/01 jubilando anticipadamente al Sr. Vocal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos Sr. José Miranda; N° 4667/01 del 30/11/01 jubilando anticipadamente a la Sra. Juez Graciela García, a quién se acepta su renuncia mediante decreto N° 5033/01; N° 4446/01 del 21/11/01 jubilando anticipadamente al Sr. Secretario Electoral de la Provincia de Entre Ríos; N° 4668/01 del 30/11/01 jubilando anticipadamente al Sr. Juez Ramón Serrano. 
Debiendo destacarse que éstas son sólo algunas de las jubilaciones anticipadas que el Poder Ejecutivo ha otorgado hasta ahora; ya que, tal como lo sostuvo el Sr. Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones D. Santiago Ezequiel Ruiz en oportunidad de prestar declaración testimonial por ante esta Comisión, los trámites alcanzados por el régimen de jubilación anticipada al momento de su declaración eran 856, sin poder discriminar si los mismos correspondían a funcionarios que revisten en el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo o entes descentralizados. 
De la atenta lectura del modificado Artículo 4° del ahora texto único y ordenado Decreto N° 4212/01 GOB Régimen de Jubilación Anticipada, surge que: 
* los cargos en que revisten los agentes que accedan al beneficio de la jubilación anticipada se eliminan del presupuesto general de la provincia; 
* con excepción de aquellos que revisten en funciones de magistrados, funcionarios judiciales y personal que ostente el status policial. 
Vale decir que en este último caso los cargos no se eliminan, pero sí se jubila anticipadamente al magistrado o al funcionario judicial que así lo desee y cumpla con las exigencias previstas en la normativa de emergencia. 
Así, surge como una obviedad que los ahorros que se prometieron en los fundamentos del originario Decreto N° 3230/01 al jubilar a un funcionario y eliminar su cargo, con la aplicación del nuevo régimen se convierten por arte de magia en mayores erogaciones, pues al magistrado jubilado – que antes no estaba en condiciones de adquirir este nuevo status – se le suma ahora la necesidad de nombrar un nuevo magistrado, habida cuenta de que el cargo presupuestario no puede eliminarse. 
Dictar un acto jurídico previendo ahorrar y terminar produciendo, sin intervención de ningún fenómeno que lo justifique, un gasto mayor que el existente constituye sin duda alguna un acto de mal desempeño en la función. 
Esta lectura comprende únicamente una razonada, cierta e incontestable crítica contable; a la que se le suma la notable inseguridad jurídica que esta norma genera, sometida al refrendo de la Honorable Legislatura, que a esta altura de los acontecimientos constituye un hecho harto dificultoso, de mantenerse la normativa tal como ha sido presentada. 
De este modo, a los groseros y evidentes errores del decreto se suma la premura en su aplicación, jubilando anticipadamente a varios miembros del Poder Judicial, quienes hoy día tienen sometido su beneficio a lo que diga esta Honorable Legislatura en su refrendo; y que, en el caso de rechazar la pretensión ratificatoria del Ejecutivo, generará una fuente de conflictos entre los beneficiarios primarios de las jubilaciones anticipadas y un estado que vía decreto promete otorgar jubilaciones que luego rechaza por ley. 
Pero la crítica que amerita la acusación política por la que bregamos se funda en el hecho, también irrefutable, que con esta herramienta a su disposición, el ejecutivo provincial está en condiciones de jubilar a cuantiosos miembros del poder judicial de Entre Ríos y, acto seguido, nombrar a nuevos miembros enrolados todos en lo que se ha dado en llamar la “mayoría automática” del Poder Judicial, que no es otra cosa que el espejo jurídico de los desaciertos políticos en la conducción del Estado. 
g)- El mal desempeño por la capitalización de Líneas Aéreas de Entre Ríos SE (LAER) y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER) en el marco de la crisis de las finanzas públicas y con oposición de la Contaduría General 
Los denunciantes han formulado este cargo bajo el título “Las prioridades absurdas: El gasto en el IAPSER y en LAER”; sosteniendo que, en tiempos en que el IOSPER acreditaba una deuda de sus aportantes de más de 20 millones de pesos y con ello se encaminaba al corte total de sus servicios por falta de pago a los prestadores, el Poder Ejecutivo capitalizó al IAPSER remitiendo una partida de $8.000.000. En apoyo de tal acusación, se citan declaraciones periodísticas del Presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro realizadas en “El Diario” del 30 de diciembre de 2001 y en la Revista ANÁLISIS del 21 de junio de 2001. 
Asimismo, se acreditó en estas actuaciones que mediante el dictado del Decreto N° 5184/01 MHOSP, complementado por el Decreto N° 5255/01 MHOSP, el titular del Poder Ejecutivo modificó el presupuesto general de gastos del ejercicio 2.001 mediante la transferencia compensatoria de créditos por $551.000 destinados a LAER SE, con el destino de cubrir el normal funcionamiento de esa empresa. El mismo Decreto transformó en aportes de capital los préstamos otorgados anteriormente por los Decretos N° 2475, 2696 y 4301, todos del año 2001. Los fondos fueron otorgados sin aprobación legislativa, violándose así lo expresamente dispuesto por el Artículo 81 Inciso 8° de la Constitución Provincial. 
Vale decir, que las decisiones de aportar capital y de cubrir el déficit operativo de estas empresas han sido cuestionadas, no por su orientación respecto de las empresas del Estado, sino por la oportunidad en que fueron adoptadas: en medio de la crisis más profunda de la hacienda provincial de la que se tenga memoria. 
Sobre las decisiones aludidas la Comisión de Investigación recibió el descargo del Sr. Gobernador de la Provincia; quien expuso respecto del tema afirmando que se trata de decisiones legítimas, tendientes a fortalecer las empresas públicas, defendiendo esta política que califica como “loable que se contrapone con los gobiernos anteriores”. 
En defensa de las medidas, ha destacado el primer mandatario que el IAPSER brinda coberturas sin cargo a instituciones benéficas, ayuda a los necesitados, promueve el turismo, vuelca sus utilidades en la Provincia y dispone de un seguro escolar de bajo costo. Por otra parte, adujo que la Superintendencia de Seguros de la Nación había dispuesto medidas cautelares que consistían en la cancelación de la autorización para emitir pólizas, debido al incumplimiento de las exigencias técnicas por la empresa para con el organismo rector en cuanto a los resultados financieros, capitales mínimos y patrimonio neto. 
Y agregó que el Estado, para el caso del cierre del IAPSER, debería asumir el pasivo que a la fecha supera la suma de $60.000.000, citando el ejemplo de la Provincia de Misiones. 
Respecto a la capitalización de LAER el Sr. Gobernador defendió las medidas adoptadas expresando que la empresa debe ser sostenida en virtud de los reclamos judiciales y administrativos que se generaron a partir de uno de los procesos de privatización. En tal sentido, en la presentación complementaria del primer descargo presentada por el Dr. Raymundo Kisser en fecha 5 de abril de 2.002, ha expuesto que se encuentra pendiente de resolución por parte de la Comisión Bicameral, en el marco de la Ley N° 8291, la definición del tercer proceso licitatorio. En definitiva, sostuvo que por ello el proceso de privatización de LAER es imposible puesto que hay empresas que se arrogan derechos sobre las adjudicaciones anteriores y que la única forma de conservar el capital de la empresa es mantener el valor y no producir cambios que la alteren. 
La Comisión recepcionó sobre estos temas, la prueba que seguidamente analizaremos y que forma parte de los fundamentos de la acusación sobre el punto tratado. 
Al contestar el Oficio N° 73, el Sr. Contador General de la Provincia Cdor. Diego Valiero, quedó acreditado en el folio 26 la existencia de una observación emitida por la Contaduría General ante el dictado del Decreto N° 4301/01 MHOSP, mediante el cual se dispuso el otorgamiento de un préstamo a la empresa LAER SE por $240.000. Allí se recuerda que en el ejercicio 2.001 ya se había solicitado la entrega de fondos en igual concepto – préstamos – por un total de $590.000. Y, teniendo en consideración lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto 4301/01, el Contador General advirtió que dado lo avanzado del ejercicio y la proximidad del cierre del mismo (transcurría el mes de noviembre de 2001), la factibilidad de su cumplimiento se volvía incierta; sumado a la existencia de los anteriores préstamos que también debían reintegrarse en el ejercicio 2001. 
Hasta esa fecha, los créditos a la empresa se habían otorgado para ser destinados a “gastos de funcionamiento”. 
En diciembre de 2001, volvió a tener actuación el Contador General de la Provincia ante una nueva solicitud del Interventor de LAER SE, peticionando esta vez la entrega de $551.000 a fin de atender los gastos indicados como “Esquema Mínimo de Requerimientos”. El Contador General nuevamente observó tal decisión, reiterando el informe acerca de las entregas de fondos que en concepto de préstamos ya se habían realizado y haciendo especial hincapié en que, además, el Artículo 32 de la Ley de Presupuesto N° 9317 había dispuesto la capitalización de LAER por un importe de $3.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, que también se había concretado ya. 
La Contaduría General, ante esta nueva petición, con toda claridad advirtió que el otorgamiento de un nuevo aporte de capital a LAER SE, como era el requerido en esas actuaciones, debía ser dispuesto o autorizado por el Poder Legislativo mediante el dictado de una Ley. En igual sentido expuso que se había expedido la Dirección de Presupuesto (así consta en el folio 28 de la contestación al Oficio N° 73 y en las actuaciones “CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA N° 2629 - Departamento Informes Generales”, Expediente N° 346875/01). 
Por tales razones, absolutamente genuinas, la Contaduría General formuló advertencia en virtud de las disposiciones del Artículo 142 de la Constitución Provincial y de los Artículos 78, 79 y 80 de la Ley N° 5140 (T.O. Decreto N° 404/95 MEOSP). 
No obstante, el Sr. Gobernador dispuso con carácter de insistencia el dictado del Decreto N° 5184/01 MHOSP y su rectificatorio N° 5255/01 MHOSP, el aporte de capital por la suma de $551.000. Y por esta razón se ordenó la pertinente publicación de la observación que formulara la Contaduría General en el Boletín Oficial y la remisión de las actuaciones al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
El Honorable Tribunal de Cuentas, en la respuesta al Oficio N° 94, remitió las actuaciones motivadas precisamente por la oposición formulada por la Contaduría General a la capitalización de LAER S.E. Los Fiscales de Cuentas (folios 25/27) han sostenido que el Contador General ha realizado una correcta observación al Decreto N° 5184 MHOSP y su modificatorio N° 5255/01 MHOSP, en función de lo dispuesto por Artículo 142 de la Constitución Provincial y las prescripciones de la Ley 5140. 
Está claro, entonces, que no existe Ley que haya refrendado tales aportes de capital y que, como expresan los Fiscales de Cuentas, no obran fundamentos o elementos que justifiquen la integración de capital a la empresa estatal LAER SE, ampliamente deficitaria y cuya capitalización, en el marco de la enorme crisis de las finanzas públicas, aparece como desproporcionada frente a las grandes carencias existentes en la prestación de los servicios esenciales del Estado. 
En cuanto al IAPSER, obran en esta Comisión los informes emanados de Contaduría General de la Provincia en respuesta a los Oficios N° 99 y 100, de los cuales surgen las siguientes probanzas. 
El Presidente del IAPSER informó que se encuentran pendientes de resolución las demandas judiciales iniciadas contra el ente autárquico por la suma de $58.868.248 (Oficio N° 99). 
En Oficio N° 100 obra la contestación de la Contaduría General en relación con el tema de capitalización del IAPSER. Allí se informa acerca de la advertencia realizada por el ente de contralor constitucional, objetando el proyecto de decreto que por entonces preveía –y luego se concretó – destinar la suma de $8.000.0000 o su equivalente en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), para hacer efectivo un aporte de capital al Instituto del Seguro. Entendió el Contador General que la utilización de esas Letras para capitalizar el Instituto del Seguro debía ser dispuesta por ley. Esta advertencia fue realizada el 19 de noviembre de 2001. 
No obstante ello, el Poder Ejecutivo procedió a dictar el Decreto N° 4435/01 MEOSP; por el cual insistió en la capitalización hasta la suma de $8.000.000 a favor del IAPSER. Al concretarse el aporte de capital la Contaduría General procedió a ordenar la publicación de la observación en el Boletín Oficial y luego remitió las actuaciones al Honorable Tribunal de Cuentas. 
Analizadas las pruebas y el descargo, no podemos sino coincidir con los denunciantes en que los hechos revisten gravedad suficiente para efectuar acusación por dichas capitalizaciones. Ambas debieron ser dispuestas por ley. 
Las capitalizaciones de LAER SE y del IAPSER no se encuentran justificadas con los argumentos brindados en el descargo, ni política ni jurídicamente. Menos aún se justifican en el marco actual de endeudamiento del Estado Provincial, que como es público y notorio, desde hace seis meses no paga a término a sus propios agentes; razón demás para ser cauteloso respecto de las advertencias fundadas que fueran efectuadas en ambos casos por el Sr. Contador General que, cumpliendo su mandato constitucional, actuó para evitar las erogaciones sin ser oído. 
Esta conducta se agrava por el hecho de que únicamente por ley podrían haberse dispuesto las sumas de dinero acordadas para la capitalización, y lo fueron por decreto del Sr. Gobernador, de insistencia y contra la opinión del órgano de contralor previo. Así lo dispone el Artículo 81 Incisos 8, 13 y 29 de la Constitución Provincial. 
En consecuencia, también corresponde aconsejar la acusación por mal desempeño en relación con la capitalización del IAPSER y de LAER SE, en el marco de la actual crisis de las finanzas públicas, por medio de decretos, con la oposición del Sr. Contador General y sin la correspondiente autorización legislativa. 
Así votamos 
La Comisión de Investigación también analizó el resto de las imputaciones y produjo prueba respecto de todas ellas. 
Sin embargo, los diputados firmantes no hemos llegado a un criterio común con relación a ellas. 
Al respecto, los diputados Pedro Guillermo Guastavino, Hernán Daniel Burna, Emilio Aroldo Castrillón, Adolfo Aníbal Lafourcade, Santiago Carlos Reggiardo y Raúl Abrahan Taleb dijeron: 
Por razones de oportunidad, mérito y conveniencia aconsejamos el rechazo de los planteos efectuados por los denunciantes para fundamentar los cargos que formulan en relación con: la compra de inmuebles sin autorización legislativa (Artículo 46 de la Constitución Provincial); el aumento de los sueldos de los funcionarios vía el adicional por antigüedad; la aceptación del aumento de sueldo vía renta vitalicia; la indiferencia e impavidez ante la crisis; la crisis y el colapso del servicio público de educación); la Universidad Autónoma de Entre Ríos; las designaciones de jueces y la liberación de vacantes por el régimen de renta vitalicia; la remoción o cesantía de jueces por decreto; la promoción de juicio político a los jueces disidentes para liberar vacantes; la supresión de la Semana de la Memoria; la contratación de la Agencia Kroll Asociados; el abandono de personas; y el incumplimiento de la Ley de Emergencia. 
Al margen de las opiniones, existe una dosis de natural discrecionalidad en los actos de gobierno que el mismo ordenamiento jurídico brinda al gobernante, y cuyo juzgamiento no forma parte del sistema de juicio político previsto por la Constitución Provincial. Este margen de discrecionalidad se inscribe dentro de las facultades propias del Poder Ejecutivo, y de él rendirá cuentas a la ciudadanía mediante los mecanismos propios de la democracia, resultando ajenas al entendimiento de esta Comisión de Investigación. 
Estas imputaciones, de diversa y variada gravedad, en nuestra opinión no se encuentran acreditadas de un modo claro que autorice a la Comisión de Investigación a emitir un dictamen acusatorio. Sobre todo porque, insistimos, existe en relación con ellas un amplio margen de impronta política, de decisión propia del Sr. Gobernador, cuyas consecuencias deberá evaluar la ciudadanía por los métodos normales del ejercicio democrático. 
Respecto de la denuncia radicada acerca de la emisión de bonos federales para atender el gasto corriente, fundadas en la previsión del Artículo 81 Inciso 26 de la Constitución Provincial; debemos señalar que la Ley N° 9359 autorizó su creación de modo tal que votamos por el rechazo de la imputación. 
Con relación a la denuncia por incumplimiento del pago del Régimen de Amas de Casa establecido por la Ley N° 8107, advertimos que le asiste razón a la denunciante en cuanto afirma que el gobierno tiene entre sus responsabilidades y obligaciones primarias e indelegables actuar como gestor del bien común, garantizando la protección de los más vulnerables. También, en cuanto a la existencia de un flagrante incumplimiento de pago a las amas de casa, cuestión que es de público conocimiento y motiva cientos de demandas judiciales, con el consecuente costo para el estado. Pero respecto de esta acusación encontramos que la Comisión de Investigación, al igual que en otros casos, no ha alcanzado a establecer, con las pruebas arrimadas, que la situación de no-pago de los haberes y la no-concesión de nuevos beneficios se haya dado por exclusiva responsabilidad del Sr. Gobernador. Estas razones, y dado el tiempo perentorio que ha tenido la comisión para reunir pruebas, nos inclinan a votar por el rechazo de esta imputación. 
Por último, reiteramos una vez más que en relación con las denuncias que se rechazan, no ha sido posible para esta Comisión de Investigación encontrar, a esta altura de las actuaciones, elementos de juicio suficientes para merituar en uno u otro sentido, razón por la cual no cabe otra posibilidad que su desestimación. 
Así votamos 
A su momento, el diputado Solanas expresó que compartía las consideraciones que anteceden, pero apartándose de las mismas en lo relativo a: la compra de inmuebles sin autorización legislativa (Artículo 46 de la Constitución Provincial); el aumento de sueldos de los funcionarios vía adicional por antigüedad y los actos de discriminación ejercida contra los empleados públicos. 
Expresó que sobre estos cargos, su opinión es aconsejar la acusación por los fundamentos que a continuación pasa a exponer: 
a)- Violación de la Constitución Provincial por la Compra de inmuebles sin autorización legislativa (art. 46º de la Constitución Provincial). 
Punto 18 de la Denuncia formulada. Analizada la acusación y las pruebas. 
El Decreto Nº 1.074 MEOSP, del 17 de marzo de 2000, establece una modificación del Presupuesto General de la Provincia en la suma de nueve millones seiscientos mil pesos ($ 9.600.000), a través de dicho instrumente el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social interviene en el remate y adquiere el inmueble asiento del Hotel Mayorazgo de la ciudad de Paraná y en cuyo considerando figuran los ocho millones ochocientos treinta y tres mil pesos ($ 8.833.000), utilizados para concretar esa operación, que según Decreto Nº 452 MEOSP del 30 de diciembre de 1999, el Sr. Gobernador reconoce como saldo a favor del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social por remesas giradas en exceso por ese instituto para atender el Sistema de Jubilación de Amas de Casa. Como se ha podido comprobar de acuerdo a la prueba producida, es el Delegado del Sr. Gobernador en el IAFAS el que realiza la adquisición del edificio del Hotel Mayorazgo y como este funcionario actúa por delegación del Sr. Gobernador de la Provincia, dicha operación debió encuadrarse dentro de lo prescripto en el artículo 46º de la Constitución Provincial. 
En el descargo del Sr. Gobernador, en la página 4 del mismo, afirma que por el artículo 10º inciso f) de la Ley 5.144, modifica por Leyes 5.469 y 6.664, “el Presidente del Directorio tiene amplias facultades para comprar, vender, hipotecar, arrendar, etc.”. 
Es sumamente importante destacar que al momento de concretar la operación no estaba constituido el directorio del IAFAS con su Presidente y Vocales, por existir la figura del Delegado del Sr. Gobernador. 
Como una referencia valida para dar cabal comprensión, esto queda claramente acreditado en el Decreto Nº 4.404 MHOSP del 19 de noviembre de 2001, utilizado en la compra directa del ex edificio de Spar, en donde el Sr. Gobernador autoriza y encuadra el accionar de su propio Delegado. 
Conclusión: corresponde prospere la acusación de Juicio Político al Sr. Gobernador en razón de que de las pruebas e informes producidos se desprende claramente que el proceder del mismo colisiona con lo prescripto en el artículo 46 de la Constitución Provincial, dada la situación excepcional puesta de manifiesto al haber intervenido la conducción (Presidente y Vocales) que por Ley Orgánica le corresponde a dicho Instituto. 
Punto 21 de la Denuncia formulada. Analizada la acusación y las pruebas. 
Mediante Decreto Nº 4.404 MHOSP del 19 de noviembre de 2001, es el Sr. Gobernador el que autoriza al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) (artículo 1º) a utilizar el procedimiento de contratación directa vía de excepción para la compra de los inmuebles de propiedad de la firma “Hernandarias Sociedad Colectiva”, ubicado en calle 25 de Mayo Nº 244 de la ciudad de Paraná, por el precio total final y al contado de pesos un millón ($ 1.000.000); también autoriza (artículo 2º) al Delegado del Gobernador de la Provincia en ese Instituto a encuadrar la presente gestión en las disposiciones contenidas en artículo 27º, inciso c), apartado b), punto 5) y 9) del Decreto Nº 404/95 MEOSP. 
De los artículos 1º y 2º se desprende que existe una participación directa en la compra del inmueble de calle 25 de Mayo por parte del Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio A Montiel; además no existen razones suficiente para que se aplique el artículo 27º, inciso c), apartado b), punto 5) y 9) del Decreto 404/95 MEOSP, ya que este último punto establece que se puede aplicar: “Cuando probadas razones de urgencia no previsibles tales como catástrofe sociales, económicas o sanitarias y no sea posible aplicar otro procedimiento y que su realización resienta seriamente el servicio, o mediante situación de emergencia en el territorio provincial o parte de él”. 
Conclusión: corresponde prospere la acusación de Juicio Político al Sr. Gobernador en razón de que de las pruebas e informes producidos se desprende claramente que el proceder del mismo colisiona con lo prescripto en el artículo 46 de la Constitución Provincial, dada la situación excepcional puesta de manifiesto al haber intervenido la conducción (Presidente y Vocales) que por Ley Orgánica le corresponde a dicho Instituto. 
b)- Violación de la Constitución Provincial por el Aumento de sueldos de los funcionarios vía adicional por antigüedad. 
Puntos 24 al 28 de la Denuncia formulada. Analizada la acusación y las pruebas. 
Según Decreto Nº 158 MEOSP del 24 de Enero de 2000, el Gobernador aumentó su propio sueldo y el de todos los funcionarios, utilizando un adicional por antigüedad, que implica como máximo un aumento del 100% de la remuneración a quien acreditara mas de 25 años en la actividad pública y/o privada. 
Este parámetro no condice con las disposiciones laborales vigentes tanto para los empleados del sector privado como del estado. Con este criterio también los empleados estatales podrían justificar sus años trabajados en la actividad privada y de esta forma también cobrarlo. 
El Gobernador argumenta en la página 5 de su descargo que este aumento fue convalidado por la ley de Presupuesto del año 2000, Ley 9317. 
Lo indicado por el Sr. Gobernador no es correcto, puesto que la ley Nº 9317 aprueba el calculo de Recursos y Erogaciones para el año 2001, y es en ese entendimiento que las cámaras legislativas aprueban los recursos y erogaciones originadas por el Decreto Nº 158, en forma totalmente extemporánea, después de más de un año de haberse dictado la norma. 
El artículo Nº 124 de la Constitución Provincial establece categóricamente: “Los servicios del Gobernador y del Vicegobernador serán remunerados por el Tesoro de la Provincia y esta remuneración no podrá ser alterada en el período de su nombramiento. Durante éste, no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia. El sueldo del Gobernador y del Vicegobernador será fijado por la ley.” 
Conclusión: corresponde prospere la acusación de Juicio Político al Sr. Gobernador en razón de que de las pruebas e informes producidos se desprende clara y taxativamente que el proceder del mismo violentó lo prescripto en el artículo 124º de la Constitución Provincial. 
c)- Mal desempeño por Despidos de contratados: los actos de discriminación en la Administración Pública. Violación del Derecho de Igualdad Ante la Ley. 
Del punto 156 al 169 de la Denuncia formulada. Analizada la acusación y consideradas las pruebas e informes. 
De acuerdo a la Ley Nº 9.235 denominada de Reordenamiento Financiero, se declaró el déficit de las Cuentas Públicas. El artículo 5º inciso b) de la Ley establece: “... quedan expresamente excluidas de los alcances del presente artículo, aquellas designaciones de empleados en planta permanente, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente contaran con mas de un año ininterrumpido de antigüedad en la prestación del servicio...”. 
El artículo 1º del Decreto Nº 285 S.G.G. que dice en uno de sus párrafos: “... y las designaciones, ascensos o recategorizaciones en la planta permanente que a la fecha de entrada en vigencia de la ley premencionada no contaren con un año de antigüedad”; preserva el precepto constitucional establecido en el artículo 21º de la Carta Magna Provincial que determina: “...ningún empleado de la Provincia o de las Municipalidades con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, su actitud física y mental...”. 
No obstante las disposiciones legales que garantizan la estabilidad de los Agentes de la Administración Pública con más de un año de antigüedad el Gobernador privó de su empleo a un gran número de Agentes y no respetó derechos adquiridos. 
Conclusión: corresponde prospere la acusación por causas de mal desempeño al Sr. Gobernador en razón de que de las pruebas e informes producidos se desprende claramente que el proceder del mismo colisiona con lo prescripto en el artículo 21º de la Constitución Provincial y el artículo 5º inciso b) de la Ley Nº 9.235. 
Así voto 
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el acto quedando acordado el siguiente dictamen. 
Dictamen 
Por los fundamentos del acuerdo que antecede y por mayoría de los miembros que componen la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, 
Se aconseja: 
1°) Rechazar el reclamo de nulidad del proceso por ausencia de ley que legítimamente lo sustente. 
2°) Admitir como causales del juicio político, al mal desempeño, los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y los delitos comunes. 
3°) Desestimar la acusación formulada por el Senador Marcelo Casaretto, por no estar legitimado como denunciante, conforme el Artículo 98 de la Constitución Provincial. 
4°) Acusar al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio Alberto Montiel, L.C. N° 5.894.685, con domicilio legal en Casa de Gobierno, por mal desempeño, fundado en los siguientes hechos: 
a)- la omisión de remesar al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos el aporte legal de los agentes públicos; 
b)- la mora en remesar los Aportes del Tesoro Nacional a los municipios; 
c)- el mal desempeño frente a los hechos del 20 de diciembre de 2001, con relación a la labor realizada por la Policía de Entre Ríos; 
d)- el mal desempeño por la crisis y el colapso del servicio público de salud: 
e)- el mal desempeño en la administración de los fondos de la Ley 4035; 
f)- el mal desempeño en la implementación del régimen de jubilación anticipada ; y 
g)- el mal desempeño por la capitalización de Líneas Aéreas de Entre Ríos SE y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, en el marco de la crisis de las finanzas públicas y con la oposición de la Contaduría General. 
5°) Rechazar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia los cargos formulados en relación con: 
* la compra de inmuebles sin autorización legislativa (Artículo 46 de la Constitución Provincial); 
* el aumento de los sueldos de los funcionarios vía el adicional por antigüedad; 
* la aceptación del aumento de sueldo vía renta vitalicia; 
* la indiferencia e impavidez ante la crisis; 
* la crisis y el colapso del servicio público de educación, 
* la Universidad Autónoma de Entre Ríos; 
* la designaciones de jueces y la liberación de vacantes por el régimen de renta vitalicia; 
* la remoción o cesantía de jueces por decreto; 
* la promoción de juicio político a los jueces disidentes para liberar vacantes; 
* la supresión de la Semana de la Memoria; 
* la contratación de la Agencia Kroll Asociados; 
* el abandono de personas; y 
* el incumplimiento de la Ley de Emergencia. 
6°) Desestimar las acusaciones formuladas acerca de: 
* la emisión de bonos federales; 
* los actos de discriminación ejercidos contra los empleados públicos a través de la Comisión Evaluadora creada por la Ley N° 23551; 
* la indebida injerencia en el Poder Judicial con afectación de su independencia; 
* la falta de pago de los sueldos a pesar de tener suficientes Lecop en el Tesoro y 
* el incumplimiento del pago del Régimen de Amas de Casa establecido por la Ley N° 8107; 
por no haber podido reunir en este perentorio plazo los elementos de juicio suficientes para merituar en uno u otro sentido. 
Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados, y hágase entrega de todos los antecedentes reunidos en el curso de la investigación. 
Firmado: Pedro Guillermo Guastavino, Hernán Daniel Burna, Emilio Aroldo Castrillón, Adolfo Aníbal Lafourcade, Santiago Carlos Reggiardo, Raúl Patricio Solanas y Raúl Abrahan Taleb.